Editorial | El Sol de Las Américas

La delincuencia constituye uno de los problemas que más inquietud genera en la sociedad dominicana. Cada atraco, asesinato, asalto a una vivienda o acción de una banda criminal afecta no solamente a sus víctimas directas, sino también la tranquilidad de familias y comunidades enteras.

Frente a esa realidad, el Estado tiene la obligación de actuar. La sociedad necesita una Policía firme, preparada y capaz de perseguir a quienes infringen la ley. Necesita un Ministerio Público que investigue y presente acusaciones sustentadas y tribunales que impongan las sanciones correspondientes.

La firmeza contra la delincuencia no está en discusión. Lo que debemos analizar es cómo se ejerce esa firmeza desde el poder.

El presidente Luis Abinader ha mantenido durante su gestión un discurso contundente frente a quienes delinquen. El 19 de noviembre de 2022 expresó que “los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y por el Gobierno”.

El pasado 15 de septiembre, al referirse a personas vinculadas por las autoridades con hechos violentos ocurridos en Boca Chica, manifestó: “Lo mejor es que se entreguen porque, como en todos los casos, la Policía va a dar con ellos”.

Pero el 21 de septiembre, desde Nueva York, luego del ataque contra el artista Julián Oro Duro y su esposa, el mandatario utilizó una expresión que consideramos desafortunada: “Que se entreguen… que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor”.

Entendemos la indignación que puede producir un crimen de esa naturaleza. La sentimos todos. Sin embargo, las palabras pronunciadas por un presidente tienen un peso institucional que trasciende las emociones provocadas por un acontecimiento determinado.

Un jefe de Estado puede y debe advertir a quienes delinquen que serán perseguidos. Puede exigir mayor eficiencia a los organismos de seguridad. Puede disponer recursos para fortalecer la investigación criminal. Puede decir claramente que quien cometa un delito deberá responder ante la justicia.

Pero expresiones como “les va a ir peor” pueden prestarse a interpretaciones que consideramos innecesarias cuando provienen de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Y el contexto obliga a ser particularmente cuidadosos.

Durante septiembre se han contabilizado 35 personas muertas en intervenciones de la Policía Nacional, de acuerdo con el último recuento periodístico publicado que hemos localizado. Esta cifra, por sí misma, merece atención y seguimiento. No estamos estableciendo que las declaraciones del presidente hayan provocado esas muertes, porque no existe evidencia que permita establecer semejante relación causal.

Lo que planteamos es otra cuestión: precisamente en circunstancias como estas, el discurso presidencial debe ser inequívoco respecto al camino que debe seguir el Estado.

La Constitución dominicana establece entre las funciones de la Policía Nacional prevenir y controlar los delitos y perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección de la autoridad competente. El Ministerio Público, por su parte, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública.

El camino institucional está definido:

Prevenir, perseguir, investigar, aprehender, procesar judicialmente y sancionar.

Y sancionar no significa actuar con debilidad.

La legislación dominicana contempla penas severas. El nuevo Código Penal permite penas de prisión que pueden alcanzar los 40 años para determinadas infracciones muy graves y, bajo los supuestos establecidos para la acumulación de penas, llegar hasta un máximo de 60 años.

Pero combatir la delincuencia tampoco puede limitarse a perseguir a quienes ya cometieron un delito.

Los estudios sobre criminalidad identifican múltiples factores asociados al fenómeno: desintegración y violencia familiar, abandono educativo, falta de oportunidades y desempleo, pobreza concentrada y desigualdad, alcohol y drogas, pandillas y entornos delictivos, disponibilidad de armas, debilidad institucional e impunidad y normalización social de la violencia.

Por eso la seguridad ciudadana necesita una política que comience mucho antes de que aparezca el delincuente armado frente a una patrulla.

Necesitamos fortalecer la familia y la escuela; crear oportunidades para nuestros jóvenes; combatir las drogas y el tráfico ilegal de armas; recuperar espacios públicos; utilizar inteligencia y tecnología; profesionalizar permanentemente a la Policía; fortalecer la investigación criminal y garantizar que quienes cometan delitos sean sometidos a los tribunales.

Presidente Abinader, la sociedad dominicana necesita firmeza contra la delincuencia.

Quien atraque, robe, asesine o aterrorice nuestras comunidades debe saber que el Estado lo perseguirá, lo apresará y lo llevará ante la justicia.

Pero precisamente porque hablamos del Estado, esa firmeza debe ejercerse dentro de la ley.

La autoridad de un gobierno se fortalece cuando garantiza que quien delinque no encontrará impunidad; cuando la Policía cumple su misión, el Ministerio Público investiga y acusa, y los tribunales aplican las penas correspondientes.

Firmeza contra el delito, sí. Pero siempre dentro de la Constitución y las leyes de la República.