Por: Ariel Montoya

Nicaragua necesita que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo revierta la cancelación de las personerías jurídicas de los partidos opositores Restauración Democrática (PRD), Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Conservador (PC), todos cortados por su guillotina en 2021, y restituya la representación legal al Partido Liberal Independiente (PLI-HISTÓRICO).

Sin esas restituciones, todo intento por salir de este atolladero iría al cadalso, pues no habría interlocución viable que garantice el cambio de la tiranía dinástica a la democracia, ni aun con las buenas intenciones de la comunidad internacional y de los propios nicaragüenses.

Este reclamo debe ocupar un lugar central en las gestiones internacionales, y los presidentes del hemisferio, cancilleres y embajadores ante la OEA, el presidente Donald Trump, el secretario Marco Rubio, la Unión Europea y otros entes como el “Escudo de las Américas” y el TIAR deben ser conscientes de esta realidad.

Recuperar la legalidad y experiencia de dirigentes con estructuras partidarias libres y opositoras permitirá construir interlocutores institucionales capaces de representar a la ciudadanía y encauzar una salida democrática.

La huella diplomática de muchos presidentes y las posiciones del Vaticano, Paraguay, Panamá y Costa Rica, entre otros, incluyen pluralismo y elecciones auténticas.

Esa dinámica también pesó en la última asamblea de la ONU; avanza un arsenal diplomático y multisectorial que respalda el cambio hacia la democracia nicaragüense.

Si a esto se suma la derrota anunciada de Lula da Silva, fundador junto con Fidel Castro del Foro de São Paulo, y el adelanto electoral en España, se evidencia que los tiempos no favorecen la continuidad del régimen Ortega ni su prolongación dinástica. Son actuaciones distintas que mantienen la crisis en la agenda internacional.

El Vaticano también expresó su preocupación. El llamado reciente del secretario de Estado, Pietro Parolin, a un “diálogo respetuoso” sigue resonando y puede abrir caminos, aunque muchos consideran que con la dictadura no se negocia; así tendrá que ser, no por complacencia ni complicidad, sino porque ella tiene en sus manos el poder.

El precedente europeo

Existe, además, un antecedente europeo inequívoco. En diciembre de 2021, el Parlamento Europeo incluyó la restitución del estatuto jurídico de los partidos arbitrariamente inhabilitados entre las condiciones para dialogar con el régimen.

En junio de 2022 volvió a pedir el restablecimiento de personerías de partidos y otras entidades clausuradas. Esta recuperación tiene respaldo explícito.

En España, el Partido Popular, VOX y algunos tanques de pensamiento libre han denunciado la represión y reclamado acciones contra la dictadura. Ese acompañamiento merece reconocimiento, distinguiendo sus iniciativas de las resoluciones europeas, y ahora es decisivo convertir la solidaridad en exigencias verificables: partidos libres, presos excarcelados, respuestas sobre los desaparecidos, garantías ciudadanas y condiciones reales para competir.

La resolución de la OEA del 2 de octubre creó un Grupo Ministerial de Seguimiento que dialogará con autoridades y sectores nacionales, incluida la oposición y las comunidades exiliadas.

Presentará recomendaciones en sesenta días y corresponde a los líderes de estos partidos descabezados arbitrariamente incorporar en sus gestiones la restitución de la representación legal del PLI-HISTÓRICO y garantías para todos los partidos opositores democráticos.

Democracia y partidos políticos

El politólogo E. E. Schattschneider sostuvo que «la democracia moderna es impensable salvo en términos de partidos». Recuperarlos significa disponer de organizaciones capaces de convertir demandas en programas, competir electoralmente y recibir mandato para transformar la sociedad. Hablamos, con lógica y transparencia, de la liberación de partidos democráticos cuya ética jamás confiera impunidad a delincuentes. Volver decente a la política es uno de los retos del relevo generacional.

El valor de la sociedad civil es importante. Sin embargo, parte del debate opositor en Estados Unidos, Centroamérica, España y otras naciones europeas sigue careciendo de articulación partidaria sólida.

Denunciar injusticias otorga legitimidad social, pero no equivale a recibir autorización ciudadana para gobernar; una asociación, fundación u organismo no gubernamental (ONG) representa a sus integrantes, pero su dirigencia no representa automáticamente a todo un pueblo.

Sheri Berman ha mostrado que las asociaciones civiles pueden servir a fines democráticos o antidemocráticos. Por ello, sin transparencia, alternancia y controles pueden reproducir caudillismo y autoritarismo, causas y vicios contra los que se supone se está luchando.

La misma exigencia alcanza a los partidos. El diálogo de 2018 evidenció debilidades de articulación política, aunque la responsabilidad principal de su fracaso corresponde al régimen y su represión.

Restitución con garantías

La restitución tampoco puede reducirse a entregar documentos y falsas poses de ceder del régimen mientras continúan la represión, las amenazas y las prohibiciones.

Debe asegurar autonomía para elegir representantes, libertad de reunión y expresión, acceso a la ciudadanía y protección frente a represalias. Los interlocutores deben surgir de sus organizaciones, sin ser seleccionados por el régimen como hace con los partidos satélites en su entorno.

Asimismo, la recuperación institucional exige autoridades electorales independientes y observación internacional. Estas condiciones permitirían procesar las diferencias opositoras mediante acuerdos públicos y competencia legítima.

La liberación incondicional de todos los presos políticos debe ser prioritaria. Corresponde a los nicaragüenses decidir su futuro con respaldo internacional.

La Nicaragua hermosa y valiente avanza irreversiblemente hacia una República donde el poder nazca de elecciones libres y responda ante sus ciudadanos.