Por Dr. Carlos Díaz “Picasso”

Hay cosas que deberían estar suficientemente claras a estas alturas de nuestra vida democrática, pero que, por lo visto, todavía necesitan ser recordadas.

La información pública no pertenece a los funcionarios.

No pertenece al alcalde, ni a sus directores, ni al encargado de una oficina determinada. Quienes ocupan una función pública están allí temporalmente para administrar asuntos que pertenecen a todos.

La Ley núm. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública no fue creada para adornar oficinas ni para ser mencionada solamente cuando se habla de transparencia. Fue creada para garantizar al ciudadano el derecho a preguntar y, sobre todo, el derecho a recibir respuestas.

Los munícipes de Santo Domingo Este tienen derecho a saber qué ocurre en su Ayuntamiento, cómo se toman determinadas decisiones y qué documentos sustentan las actuaciones de quienes administran nuestra ciudad.

El Ayuntamiento fue llevado ante los tribunales

Y precisamente por eso debe llamarnos poderosamente la atención lo ocurrido con una solicitud de información relacionada con el proyecto City Center.

Informe TV y su director, Mauricio Carpio, solicitaron al Ayuntamiento de Santo Domingo Este determinadas informaciones relacionadas con ese proyecto.

El asunto terminó en los tribunales.

No estamos hablando de un comentario en las redes sociales, de una denuncia lanzada frente a una cámara ni de una simple diferencia de opiniones entre un periodista y un funcionario.

Estamos hablando de una acción judicial.

El Tribunal Superior Administrativo conoció el caso y, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00272, de fecha 16 de julio de 2026, ordenó al Ayuntamiento de Santo Domingo Este entregar las informaciones requeridas.

Es decir, tuvieron que llevar al Ayuntamiento ante los tribunales y un tribunal terminó ordenándole entregar la información solicitada.

Eso no puede pasar inadvertido.

¿Había necesidad de llegar hasta ahí?

Esa es la pregunta que personalmente me hago.

¿Era necesario llevar al Ayuntamiento de Santo Domingo Este ante un tribunal para conseguir información pública?

Acudir a la justicia cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Obliga al ciudadano a buscar asistencia jurídica y pone en movimiento todo un aparato judicial para terminar resolviendo algo que pudo solucionarse mediante los mecanismos establecidos por la propia administración pública.

Entonces debemos preguntarnos: ¿para qué existe una Oficina de Libre Acceso a la Información Pública si finalmente un ciudadano tiene que recurrir a un juez para conseguir determinados documentos?

Algo no está funcionando correctamente cuando llegamos a ese extremo.

La ley está para cumplirse

Aquí no debería existir espacio para interpretaciones acomodadas.

Cuando una ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, las autoridades tienen la obligación de respetarlo.

La Ley 200-04 no constituye una sugerencia ni una cortesía que una institución puede conceder dependiendo de quién solicite la información o de la naturaleza de los documentos requeridos.

Es una ley y debe cumplirse.

No podemos permitir que vaya creándose la peligrosa costumbre de que un ciudadano tenga que acudir a los tribunales cada vez que una institución pública no entregue una información que legalmente corresponde proporcionar.

Hoy ocurrió con un medio de comunicación.

Mañana puede ocurrirle a cualquier munícipe de Santo Domingo Este.

Y precisamente por eso debemos levantar la voz ahora.

La transparencia también protege al Ayuntamiento

Hay algo que las administraciones públicas deberían comprender: la transparencia no perjudica a quien ha hecho las cosas correctamente. Lo protege.

Si los permisos, arbitrios, autorizaciones y procedimientos administrativos relacionados con City Center están debidamente sustentados, ¿qué mejor respuesta puede ofrecer el Ayuntamiento que presentar los propios documentos?

Que hablen los papeles.

Los documentos pueden terminar con una especulación mucho más rápidamente que diez ruedas de prensa.

Por eso una institución pública nunca debería mirar una solicitud de información como si estuviera frente a un enemigo.

Quien administra correctamente no debería temer que le pregunten cómo administró.

Los munícipes tenemos derecho a saber

Un Ayuntamiento no es propiedad de quien gana unas elecciones.

El alcalde administra durante un período determinado. Los funcionarios pasan, las autoridades cambian, pero el municipio permanece y pertenece a sus ciudadanos.

Los residentes de Santo Domingo Este tenemos derecho a conocer las actuaciones administrativas que afectan nuestro territorio, nuestros recursos y el desarrollo de nuestra ciudad.

Ese derecho debe respetarse independientemente de quién ocupe circunstancialmente la Alcaldía.

Por eso este caso debe llamar nuestra atención más allá de City Center o de quien realizó la solicitud.

Aquí está en juego un principio mucho mayor: el derecho de los ciudadanos a fiscalizar a quienes administran lo público.

Cuidado con convertir esto en una práctica

Lo ocurrido debe servirnos también como advertencia.

Debemos estar atentos.

Los munícipes, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y todos aquellos comprometidos con Santo Domingo Este debemos velar por el respeto al derecho de acceso a la información pública.

Porque los derechos que no se ejercen y no se defienden terminan debilitándose.

No podemos esperar a que la falta de información se convierta en costumbre para entonces comenzar a preocuparnos.

Hoy hablamos de documentos relacionados con City Center. Mañana puede tratarse de una obra municipal, un contrato, una licitación, el presupuesto participativo o cualquier otra actuación de la administración.

El ciudadano tiene derecho a preguntar y la autoridad tiene la obligación de responder.

Que se cumpla la ley

Nuestra exigencia es sencilla y contundente:

Que se cumpla la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Que sean entregadas las informaciones que por derecho corresponden.

Que las oficinas responsables de garantizar el libre acceso a la información cumplan verdaderamente con su función.

Y que ningún munícipe de Santo Domingo Este tenga que sentirse obligado a recurrir nuevamente ante un tribunal para ejercer un derecho que la ley ya le reconoce.

La transparencia no es un favor que concede una administración. Es una obligación.

Y para terminar, al pastor Dío Astacio, alcalde del municipio Santo Domingo Este, le recuerdo una cita bíblica que seguramente conoce muy bien:

«Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz».
Lucas 8:17

Que así sea también en la administración pública de Santo Domingo Este.

Dr. Carlos Díaz “Picasso”
Odontólogo, escritor, poeta, gestor cultural, dirigente deportivo y líder comunitario.