Santo Domingo.- La Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir y Rosa Herminia Hernández, madre de Rosaura Almonte (Esperancita), presentaron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos del nuevo Código Penal dominicano.
La acción judicial impugna los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que mantienen la penalización absoluta de la interrupción del embarazo y vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Las organizaciones sostienen que dichas disposiciones ponen en riesgo la vida, la salud, la integridad y la dignidad de mujeres, adolescentes y niñas que enfrentan situaciones extremas relacionadas con el embarazo.
La audiencia del caso fue fijada para el próximo 17 de junio ante el Tribunal Constitucional.
Rosa Herminia Hernández recordó el fallecimiento de su hija Rosaura Almonte, conocida como Esperancita, quien murió en 2012 mientras enfrentaba un diagnóstico de leucemia durante las primeras semanas de embarazo.
“Nunca más otra madre debería pasar por este sufrimiento”, expresó Hernández al referirse a la experiencia vivida por su familia.
Según la acción presentada, la penalización absoluta de la interrupción del embarazo contradice diversos derechos protegidos por la Constitución, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la igualdad, la dignidad humana y la integridad personal.
El equipo legal que impulsa la iniciativa sostiene además que el artículo 111 genera incertidumbre jurídica para los profesionales de la salud, al no establecer con claridad los escenarios en los que pueden actuar para proteger la vida y la salud de una paciente.
Las accionantes también cuestionan el artículo 110, al considerar que podría vulnerar principios relacionados con el consentimiento informado y la autonomía de las mujeres.
La demanda solicita al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad parcial de los artículos impugnados y establecer una interpretación que permita excepciones en circunstancias relacionadas con riesgo para la vida o la salud de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos producto de violación o incesto.
Las organizaciones argumentan que su petición busca garantizar la protección efectiva de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana.
El equipo jurídico que encabeza la acción está integrado por los abogados Patricia Santana Nina, Cristóbal Rodríguez Gómez, Ivanna Molina Peña, Luis Fernández Budajir, Tamara Aquino Veras y Pedro Castellanos Hernández.
La iniciativa ha sido presentada en medio del amplio debate nacional que ha generado la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y las disposiciones relacionadas con la interrupción del embarazo en la República Dominicana.
