Por Pablo Vicente
Recientemente, la antropóloga Rosario Espinal publicó en el periódico Hoy un artículo titulado “Voto en el exterior: no gasten más”, en el que plantea que la República Dominicana debería dejar de destinar recursos a la organización y promoción del voto de los dominicanos residentes en el extranjero, debido a los niveles de abstención registrados y al costo que representa para el Estado. Su planteamiento merece ser discutido, pero también nos obliga a formular una pregunta fundamental: ¿la baja participación debe llevarnos a eliminar el voto en el exterior o, por el contrario, a buscar mecanismos para fortalecerlo?
La discusión sobre el voto en el exterior no puede reducirse exclusivamente a un asunto de costos. Estamos hablando de un derecho político reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y de una conquista democrática que permite que los dominicanos, independientemente del lugar donde residan, puedan participar en la elección de las autoridades nacionales.
Y no se trata de un universo pequeño. Para las elecciones de 2024, 863,785 dominicanos estaban habilitados para votar en el exterior. Esa cifra representaba más del 10 % del padrón electoral y, de acuerdo con la propia Junta Central Electoral, colocaba al voto exterior, en términos de cantidad de electores, por encima de todas las provincias del país, con excepción de Santo Domingo.
Ese dato debería ser suficiente para comprender que estamos ante una realidad electoral de gran dimensión. La diáspora dominicana no es un fenómeno marginal. Son cientos de miles de ciudadanos que viven fuera del territorio nacional, pero que mantienen vínculos familiares, económicos, sociales y afectivos con la República Dominicana. Muchos de ellos envían remesas, invierten, visitan el país y siguen participando de distintas maneras en la vida nacional.
Es cierto que la abstención en el exterior constituye un desafío y que el Estado debe evaluar permanentemente la eficiencia de los recursos destinados a la organización electoral. También es legítimo preguntarnos por qué una parte importante de los dominicanos empadronados fuera del país no acude a votar. Pero una baja participación no debería llevarnos automáticamente a suprimir el derecho de todos.
Si hay abstención, estudiemos sus causas. Si existen dificultades para votar, eliminemos las barreras. Si hay desinterés, fortalezcamos la educación y la información electoral. Pero no confundamos el problema de la participación con el derecho a participar.
De hecho, la propia experiencia dominicana demuestra que cuando se desarrollan estrategias de empadronamiento y acercamiento a las comunidades, el padrón exterior puede crecer significativamente. La JCE informó que este pasó de aproximadamente 595 mil electores en 2020 a 863,785 en 2024. El desafío, por tanto, no debería ser desmontar el voto exterior, sino preguntarnos qué debemos hacer para que esos ciudadanos ejerzan efectivamente su derecho.
Además, debemos reconocer que el voto en el exterior tiene una dimensión de representación política. Los dominicanos residentes fuera del país no solamente participan en la elección presidencial, sino que también eligen a sus representantes mediante las diputaciones de ultramar. La legislación electoral dominicana ha incorporado así a la diáspora dentro de la arquitectura de representación democrática nacional.
Por eso, la discusión planteada por Rosario Espinal puede ser una oportunidad para abrir un debate serio sobre el futuro del voto exterior, pero no necesariamente para eliminarlo. Más que preguntarnos cuánto cuesta garantizar ese derecho, deberíamos preguntarnos cuánto podemos hacer para que ese derecho sea ejercido de manera efectiva.
La democracia tiene costos. Organizar elecciones, garantizar centros de votación, imprimir materiales, capacitar funcionarios y asegurar mecanismos de participación supone inversión pública. La discusión razonable no es si la democracia cuesta, sino si los recursos se utilizan de manera eficiente para garantizar derechos y fortalecer la participación ciudadana.
De cara a 2028, el reto debería ser construir una verdadera hoja de ruta para el voto exterior. Una estrategia que combine eficiencia, participación y confianza; que estudie las causas de la abstención y que permita que los cientos de miles de dominicanos que forman parte del padrón exterior tengan mayores facilidades para ejercer su derecho.
El dominicano que vive fuera del país no deja de ser ciudadano dominicano por vivir en otra nación. La distancia geográfica no debería convertirse en distancia democrática.
Por eso, ante la propuesta de eliminar el voto en el exterior, mi planteamiento es otro: no eliminemos el voto exterior; fortalezcámoslo. No reduzcamos la democracia para enfrentar la abstención; trabajemos para aumentar la participación.
El autor es abogado, catedrático universitario, especialista en derecho electoral y presidente de FUJUDEL.
Correo: fujudel@gmail.com
