SANTO DOMINGO. – El consultor y asesor de MIPYMES, Ramón Báez, exhortó a las pequeñas y medianas empresas suplidoras del Estado a prepararse para participar en las licitaciones que se realizarán bajo la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, la cual ya entró en vigencia junto con su reglamento de aplicación.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Báez explicó que la nueva legislación introduce cambios importantes y mayores exigencias para los proveedores, por lo que consideró fundamental que las empresas conozcan a profundidad las nuevas reglas antes de la próxima etapa de concursos públicos.
Nueva legislación exige mayor preparación
“La Ley 47-25 ya está vigente y cuenta con su reglamento. Muchas licitaciones continúan bajo la normativa anterior, pero los próximos procesos se realizarán con una nueva ley, más completa, más compleja y con requisitos distintos a los que los suplidores estaban acostumbrados”, señaló.
Indicó que la legislación contiene cerca de 248 artículos, además de una amplia reglamentación complementaria, por lo que recomendó a los empresarios capacitarse para evitar errores durante los procesos de contratación estatal.
Dificultades para las microempresas
Báez sostuvo que una de las principales dificultades que enfrentan las microempresas es la complejidad de los procedimientos electrónicos de contratación pública.
A su juicio, aunque el sistema ha registrado avances, continúa siendo difícil para pequeños negocios que no disponen de personal especializado ni de recursos suficientes para manejar los aspectos técnicos de las licitaciones.
“Una microempresa por sí sola tiene muchas dificultades para participar en una licitación. Mientras más compleja se vuelve la ley, más necesidad existe de contar con personal capacitado”, afirmó.
Cuestiona requisitos para los pagos
El consultor también criticó la cantidad de requisitos exigidos para cobrar al Estado, señalando que muchas instituciones continúan solicitando documentos que ya pueden verificarse mediante plataformas digitales.
En ese sentido, consideró que la Contraloría General de la República representa uno de los principales obstáculos para agilizar los pagos debido al volumen de certificaciones y documentos requeridos para autorizar los desembolsos.
“Muchas veces las instituciones tienen acceso digital a la información, pero aun así siguen exigiendo papeles físicos. Eso retrasa los procesos y afecta la eficiencia”, sostuvo.
Mayor participación de la industria nacional
El asesor de MIPYMES planteó además la necesidad de mejorar la planificación de las compras públicas en el sector educativo para aumentar la participación de la industria nacional.
Explicó que productos como uniformes, zapatos y mobiliario escolar podrían ser suplidos en mayor proporción por fabricantes dominicanos si las adquisiciones fueran programadas con mayor anticipación y distribuidas durante todo el año.
“Hay producción local con capacidad para suplir una parte importante de la demanda, pero la forma en que se realizan las compras obliga muchas veces a recurrir a importaciones”, concluyó.