El presidente de FUJUDEL valoró la iniciativa como un avance en la garantía del derecho a la identidad, la seguridad jurídica y la inclusión ciudadana de personas de 60 años o más.

SANTO DOMINGO, RD. – El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, destacó la importancia del protocolo aprobado el pasado 26 de octubre por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), que establece un procedimiento extraordinario para regularizar los registros de nacimiento de personas de 60 años o más que poseen cédula de identidad, pero presentan dificultades con sus documentos del estado civil.

El catedrático universitario consideró que esta disposición constituye una respuesta institucional a una situación histórica que afecta especialmente a ciudadanos que obtuvieron su documento de identidad antes de 1992, cuando no era obligatorio presentar un acta de nacimiento para su expedición.

Explicó que, con el paso de los años, algunos de estos registros no han podido ser localizados, se encuentran deteriorados o nunca fueron instrumentados, lo que puede dificultar la renovación de la cédula y limitar el ejercicio de determinados derechos ciudadanos.

Protocolo de la JCE fortalece el derecho a la identidad

Desde su perspectiva como especialista en derecho electoral, Vicente sostuvo que la disposición representa un mecanismo para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el derecho a la identidad de los adultos mayores.

El procedimiento contempla la localización, digitalización, reconstrucción o registro de los nacimientos, utilizando la información documental y biométrica disponible en los sistemas institucionales.

Estas actuaciones se realizarán conforme a las disposiciones de la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.

El presidente de FUJUDEL resaltó que el procedimiento será gratuito para los ciudadanos que cumplan con las condiciones establecidas.

«Esta iniciativa representa un paso importante para garantizar el derecho a la identidad de nuestros adultos mayores. No se trata únicamente de facilitar la renovación de una cédula, sino de contribuir a que ciudadanos que durante décadas han tenido un documento de identidad puedan regularizar su situación registral y contar con mayores garantías para el ejercicio de sus derechos», expresó Vicente.

Regularización de actas de nacimiento y protección ciudadana

El jurista consideró que la implementación de este protocolo también representa una oportunidad para fortalecer la cultura de respeto y protección del derecho a la identidad en República Dominicana.

A su juicio, la medida puede contribuir al desarrollo de una administración pública más sensible a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de aquellas personas que enfrentan dificultades documentales por circunstancias históricas.

Sin embargo, advirtió que la efectividad de la iniciativa dependerá de su adecuada aplicación, de la orientación oportuna a los beneficiarios y de que las facilidades previstas lleguen a todos los ciudadanos que reúnan los requisitos.

Pablo Vicente pide garantizar la inclusión de los adultos mayores

El presidente de FUJUDEL enfatizó que los procesos de modernización del sistema de identidad deben incorporar mecanismos que eviten la exclusión de ciudadanos por dificultades relacionadas con sus registros civiles.

En ese sentido, destacó la importancia de que las instituciones responsables ofrezcan soluciones accesibles y efectivas para quienes necesitan regularizar su documentación.

«La modernización del sistema de identidad debe estar acompañada de soluciones que garanticen que ningún ciudadano quede excluido por dificultades documentales que se originaron en circunstancias históricas. El derecho a la identidad es una condición esencial para el ejercicio de los demás derechos y debe ser protegido en todas las etapas de la vida», concluyó.

La iniciativa valorada por Vicente busca facilitar la regularización de los registros civiles de adultos mayores que ya cuentan con cédula de identidad, contribuyendo a fortalecer sus garantías documentales y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.