Por: Frank Hernández
Los cuerpos de bomberos de la República Dominicana atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia institucional.
Mientras la ciudadanía espera organismos fortalecidos, equipados y preparados para responder a las emergencias, numerosos bomberos denuncian que enfrentan una realidad marcada por presiones administrativas, falta de recursos y un ambiente de temor.
Diversas voces dentro del sistema bomberil sostienen que la Oficina Supervisora de los Cuerpos de Bomberos, adscrita al Ministerio de Interior y Policía, ha asumido funciones que exceden el espíritu de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Esa legislación establece el papel de los ayuntamientos en la administración y apoyo de los cuerpos de bomberos, reconociendo la autonomía municipal dentro del marco legal.
Entre las denuncias que circulan se encuentra la exigencia de que miembros de distintos cuerpos de bomberos graben videos expresando apoyo a la gestión de la Oficina Supervisora.
Una práctica de esa naturaleza es incompatible con los principios de libertad de expresión y con el respeto que debe existir hacia servidores públicos cuya misión principal es proteger vidas y bienes, no participar en campañas de promoción institucional.
Solo por alimentar el ego de quien por ley debe aportar a cuidar y proteger, hacer el trabajo que le pertenece.
Otra preocupación planteada es la alegada limitación para desvincular a miembros que incumplen normas disciplinarias internas. De ser cierta, esa situación podría afectar la autoridad de los intendentes generales y dificultar la aplicación de los reglamentos que garantizan la disciplina, el orden y la eficiencia operativa de cada institución bomberil.
Un caso que ha llamado la atención es el del Cuerpo de Bomberos del Distrito Municipal Juan Rodríguez (Barranca), donde el entonces intendente general, licenciado Frank Hernández, presentó su renuncia. Según las denuncias realizadas, la decisión habría estado motivada por desacuerdos con la forma en que la Oficina Supervisora ejercía sus funciones y por lo que calificó como maltrato y abuso de poder. Corresponde a las autoridades ofrecer su versión de estos hechos y esclarecer públicamente las circunstancias.
Más allá de las diferencias administrativas, el verdadero problema continúa siendo el abandono que padecen numerosos cuerpos de bomberos.
En muchos municipios persisten estaciones deterioradas, escasez de equipos de protección personal, unidades de combate de incendios fuera de servicio o con décadas de uso, insuficiencia de recursos económicos y limitaciones para capacitar adecuadamente al personal.
Resulta contradictorio dedicar esfuerzos a fortalecer el control administrativo cuando existen necesidades urgentes relacionadas con la operatividad.
La prioridad debería ser garantizar camiones modernos, herramientas de rescate, mejores condiciones laborales, formación continua y presupuestos suficientes para que los bomberos puedan cumplir con eficacia su misión.
Este llamado va dirigido respetuosamente a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al presidente Luis Abinader. Gobernar también implica escuchar a quienes diariamente arriesgan sus vidas por la seguridad de los ciudadanos.
Si existen denuncias de intimidación, presiones o excesos administrativos, corresponde investigarlas con transparencia, garantizar el debido proceso y promover un clima institucional basado en el respeto y el diálogo.
Los bomberos dominicanos no necesitan políticas sustentadas en amenazas ni en el miedo.
Necesitan instituciones fuertes, liderazgo responsable, recursos suficientes y el reconocimiento que merece una de las profesiones de mayor vocación de servicio.
Porque cuando suena una sirena, ningún ciudadano pregunta por conflictos administrativos.