Por Jhonny Trinidad

No es un secreto a voces. Es un secreto pagado. Y bien pagado.

Cada vez que un gobierno dominicano enfrenta cuestionamientos en Nueva York, aparece la misma chequera: la publicidad oficial. Contratos, colocaciones, «apoyos institucionales» y patrocinios que no buscan audiencia, porque la audiencia no existe. Buscan silencio. Buscan aplauso. Buscan convertir al periodista en relacionista público.

EL NEGOCIO DE CALLAR

El mecanismo es viejo y efectivo. Se identifica a comunicadores con presencia en la diáspora, con programas en YouTube, en radio AM y en periódicos digitales que nadie audita. Se les ofrece un contrato mensual de 1,500, 3,000 o 5,000 dólares desde un ministerio, una dirección general, un consulado o una diputación de ultramar.

El concepto es «publicidad», pero el producto nunca se ve. No hay campaña, no hay métricas, no hay retorno de inversión para el Estado dominicano. Lo único que hay es una línea editorial garantizada.

El periodista que antes fiscalizaba, ahora justifica. El que antes preguntaba por las escuelas sin construir, por los hospitales sin medicamentos, por los consulados convertidos en comités políticos, ahora habla de «transformación histórica» y de «un presidente que trabaja sin descanso».

El cambio no es ideológico. Es contable.

Y lo peor: se hace con el dinero de todos. Con impuestos de un pueblo que gana en pesos, para pagar el silencio de voces que cobran en dólares.

EL DAÑO A LA DIÁSPORA

El daño es doble.

Primero, empobrece el debate dominicano en el exterior. Nueva York concentra la comunidad dominicana más crítica, más politizada, más conectada con la isla. Aquí debería haber contrapeso. Debería haber periodismo incómodo.

Pero si el periodismo local vive de la publicidad del gobierno que debe fiscalizar, no hay contrapeso. Hay sucursal.

Segundo, engaña al propio gobierno. Un funcionario en Santo Domingo abre YouTube, ve a cinco «comunicadores de Nueva York» elogiándolo y cree que la comunidad lo apoya.

No ve que esos cinco programas suman 200 vistas cada uno y que 180 son de empleados del mismo ministerio que paga.

Mientras tanto, la comunidad real está en otro lado, frustrada con el costo del pasaje, con el peaje sombra del consulado, con las promesas de inversión que nunca llegan.

El gobierno compra espejos, no puentes.

¿PERIODISMO O NÓMINA?

No nos confundamos. No toda publicidad oficial es compra. Un Estado tiene derecho a informar a su diáspora: campañas de prevención, servicios consulares, educación, voto en el exterior. Eso es legítimo y necesario.

El problema empieza cuando no hay criterios. ¿Quién decide qué medio recibe publicidad? ¿Con qué tiraje, qué audiencia, qué impacto comprobado?

¿Dónde está el listado público de medios beneficiados en Nueva York, con montos y contratos? No existe. Porque si existiera, la farsa se cae.

La publicidad sin transparencia no es publicidad. Es subsidio político. Es una nómina paralela.

Y en Nueva York opera sin control de la Cámara de Cuentas, sin regulación de la FCC, sin supervisión del Congreso. Es tierra fértil para el clientelismo transnacional.

Hay periodistas que reciben dinero de tres y cuatro instituciones a la vez. Hay otros que cobran por una institución y hacen campaña por el candidato de esa institución en Estados Unidos, violando toda ética electoral.

Y todos callan sobre lo esencial: ¿Cómo se nombra el personal consular? ¿Qué pasa con los dominicanos detenidos? ¿Dónde están los planes reales de vivienda y educación para la diáspora?

LO QUE DEBEMOS EXIGIR

La diáspora no necesita periodistas comprados. Necesita periodistas pagados por su audiencia, no por el gobierno.

Propongo tres cosas simples:

• Que cada institución que coloque publicidad en Nueva York publique mensualmente el medio, el monto, el concepto y el contrato. Como lo exige la ley.
• Que los comunicadores que reciban publicidad oficial lo declaren al aire: «Este programa es patrocinado por tal ministerio». Que el público sepa quién paga la palabra que escucha.
• Que la publicidad oficial en el exterior se use para servir a la comunidad, no para servir al funcionario. Información útil, no propaganda.

La libertad de prensa no se pierde solo cuando un gobierno cierra un canal. También se pierde cuando lo compra en silencio.

Y en Nueva York, hace tiempo que muchos micrófonos ya no transmiten. Facturan.