Por Lic. Yorelbin Rivas
Repudio la práctica de algunos policías, militares y agentes del orden que, aprovechándose de su condición y del acceso que les proporciona el uniforme, graban con sus celulares personales arrestos, allanamientos o actuaciones oficiales y luego difunden esas imágenes en redes sociales para generar morbo, conseguir seguidores o disfrutar de unos minutos de fama. Una actuación oficial no puede convertirse en contenido para entretenimiento personal.
Una cosa es documentar legítimamente un procedimiento con equipos institucionales, bajo protocolos y con fines de investigación o evidencia; otra muy distinta es grabar para exhibir, ridiculizar o exponer a una persona. Quien está siendo investigado o detenido no pierde su dignidad, su honor, su derecho a la propia imagen, su intimidad ni su presunción de inocencia. La autoridad pública está llamada a proteger derechos, no a utilizar su posición privilegiada para vulnerarlos.
Y detrás de cada persona expuesta hay una familia: padres, hijos, esposos, hermanos y seres queridos que nada tienen que ver con una investigación y que pueden cargar durante años con el daño provocado por un video difundido irresponsablemente. Hoy muchos quieren ser “influencers”, tener seguidores o alcanzar su minuto de fama, aunque para ello sea necesario aprovecharse de la desgracia, el dolor o la humillación de otro. Pero cuando se trata de nosotros o de uno de los nuestros, entonces sí exigimos respeto y debido proceso.
Además, estas publicaciones irresponsables pueden poner en peligro una investigación penal: alertar a otros involucrados, provocar la desaparición de evidencias, contaminar testimonios, revelar procedimientos operativos o comprometer elementos que luego deberán ser utilizados ante un tribunal. La información obtenida por razón del servicio no pertenece al agente; pertenece a la investigación y debe ser manejada con responsabilidad institucional.
Por eso, las grabaciones de actuaciones oficiales deben realizarse, cuando corresponda, con equipos oficiales, protocolos claros, controles de acceso, preservación de la evidencia y respeto a la cadena de custodia. El celular personal de un agente no puede convertirse en una herramienta para producir contenido a costa de la dignidad ajena.
Esta práctica debe ser investigada y, cuando se compruebe, sancionada con firmeza y respetando el debido proceso. No se trata de proteger delincuentes ni de impedir la transparencia. Se trata de algo mucho más elemental: investigar no es condenar, detener no es humillar y portar un uniforme no coloca a nadie por encima de la Constitución.
La verdadera autoridad no se demuestra exhibiendo a una persona esposada ante una cámara. Se demuestra actuando con profesionalidad, prudencia, respeto y sometimiento a la ley. Quien tiene más poder debe tener también más responsabilidad. Hoy puede ser un desconocido; mañana puede ser usted, su hijo, su padre o alguien a quien ama. La dignidad humana no tiene apellido ni expediente.
El autor es el magistrado fiscal titular de la provincia Espaillat.
