Una falsa dicotomía entre asfalto y aislamiento está deteniendo una solución de Estado: el ferrocarril como columna vertebral y el túnel como acto de integración territorial.
POR HANNA BUENO – Escritor. Reside en Santo Domingo.
«Hay que repensar el ferrocarril como fuerza para el desarrollo sostenible y la integración de la región».
— Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
En la República Dominicana, la geografía suele ser la excusa perfecta para la parálisis política. Durante décadas, el reclamo de conectar directamente a Santiago Rodríguez con San Juan de la Maguana ha operado como el termómetro exacto de nuestras contradicciones nacionales. A simple vista, la exigencia de la carretera Cibao-Sur responde a una aritmética elemental: resulta insólito que dos provincias separadas por menos de 100 kilómetros en línea recta obliguen a sus productores a dar una vuelta olímpica por el Gran Santo Domingo —o a jugarse la vida en las curvas de Constanza y Ocoa— para intercambiar mercancías.
Sin embargo, el debate sobre esta vía lleva años empantanado en una falsa dicotomía muy criolla: abrir la montaña a golpe de retroexcavadora o condenar al aislamiento eterno a la región en nombre de la ecología. De un lado, dirigentes y técnicos locales —como el ingeniero y exdiputado Ramón Antonio Fernández Martínez («Papo»)— aseguran que es posible trazar el asfalto sin tocar un solo pino. Del otro, la Academia de Ciencias y los grupos ambientalistas advierten, con sobrada razón, que una carretera de alto tránsito partiría en dos parques nacionales vitales y pondría en jaque las cuencas que alimentan las presas de Sabaneta y Monción.
Ambos bandos tienen parte de la razón, pero miran el mapa con anteojeras. Pretender resolver el atraso logístico dominicano cortando montañas para que suban patanas quemando diésel es importar una solución del siglo XIX, destinada a derrumbarse con el primer aguacero de mayo. Pero oponerse a toda integración física desde el aire acondicionado de la capital, sin ofrecer un solo plan económico para la frontera y el Sur profundo, revela una doble moral que condena a millones al atraso mientras se hacen de la vista gorda ante otras depredaciones ambientales.
La verdadera prioridad nacional no puede reducirse a tirar 38 kilómetros de asfalto en la Cordillera Central, pero tampoco a construir un tren solitario entre dos provincias agrícolas cuya carga actual no llenaría ni tres vagones a la semana. La salida exige una columna vertebral logística limpia, ejecutada por etapas de rentabilidad real. En una primera fase, el Estado debe construir el corredor ferroviario de alta demanda entre Santo Domingo, Santiago y los grandes puertos (Haina, Caucedo y Manzanillo), donde el volumen masivo de carga y pasajeros paga la factura. Solo sobre esa base financiera tiene sentido acometer la fase de cohesión territorial: perforar por debajo de la Cordillera Central mediante un túnel ferroviario de base que integre al Sur profundo y la frontera, impulsado por megaparques solares con baterías en el Sur.
Los escépticos de siempre agitarán el fantasma de los terremotos y el agua. No obstante, la ingeniería subterránea moderna —probada en países donde tiembla de verdad, como Japón y Chile— utiliza túneles profundos con juntas flexibles antisísmicas, mucho más seguros ante sismos y huracanes que cualquier carretera colgada de un precipicio. Además, el uso de tuneladoras con revestimientos impermeables de dovelas permite perforar la roca sin secar los acuíferos, protegiendo tanto los pinares en la superficie como el agua de Sabaneta y Monción.
Un sistema integral por fases que combine el tren central, la energía solar y el cruce subterráneo supera los 15,000 millones de dólares. Con una deuda pública que ronda el 48 % del producto interno bruto y más del 90 % de los ingresos tributarios ya comprometidos, financiar esto con bonos soberanos tradicionales sería un suicidio fiscal. Estructurada a 25 años bajo alianzas público-privadas (APP), bonos verdes y empaquetamiento de activos —donde la caja registradora del eje Santo Domingo-Santiago y la venta de energía solar subsidien el ramal hacia el Sur—, el aporte del fisco se reduciría al mínimo, ahorrando millones en importación de combustibles y bajando hasta en un 30 % los costos logísticos que hoy encarecen la comida en el colmado.
Desde luego, llevar del papel a la roca una obra de esta magnitud exige mucho más que entusiasmo; demanda un blindaje técnico y financiero de extrema rigurosidad. Perforar la Cordillera Central, un macizo atravesado por fallas geológicas activas y complejas redes hídricas, conlleva riesgos reales de sobrecostos y desviaciones de acuíferos que solo pueden mitigarse con años de estudios geotécnicos previos, antes de mover un solo metro de tierra. Asimismo, pretender que el capital privado asuma el riesgo de financiar un ramal hacia el Sur sin exigir garantías soberanas al Estado sería ingenuo. Por ello, la viabilidad fiscal de este modelo depende de una ingeniería financiera creativa —apoyada en banca multilateral, fondos climáticos internacionales y captación de plusvalías territoriales— y de empezar con el pie en la tierra: licitando primero el tramo rentable entre Santo Domingo y Santiago bajo estudios independientes que validen con exactitud cada dólar invertido y cada punto porcentual de ahorro logístico.
¿Por qué seguimos discutiendo sobre carreteras rurales en lugar de ejecutar una visión de Estado? Porque chocamos con tres muros muy dominicanos. El primero es el cortoplacismo de buena parte del empresariado local, tan acostumbrado a las exenciones fiscales y al retorno inmediato que no alcanza a ver cómo una red ferroviaria abarataría sus propios fletes.
El segundo obstáculo es el poder de veto de los sindicatos del transporte, esos dueños absolutos del asfalto que han secuestrado la movilidad nacional a fuerza de paros. Ningún tren caminará un metro si el Estado no ejerce autoridad para reordenar el sector mediante una reconversión societaria: convertir a los transportistas en operadores alimentadores de última milla y accionistas minoritarios, desarmando el chantaje gremial, pero dejándolos dentro del negocio.
El tercero es la alergia política a los proyectos que duran más de cuatro años. En un sistema diseñado para el aplauso inmediato y el corte de cinta electoral, ningún gobierno quiere pagar la factura de una obra que inaugurará su sucesor. Conectar el Cibao con el Sur no puede seguir siendo el trofeo de campaña de un senador ni la bandera de una provincia aislada, sino el punto de partida de un pacto nacional transexenal —blindado por ley y blindado contra el clientelismo— que saque a la República Dominicana del siglo pasado. La ingeniería ya resolvió cómo perforar la roca; falta ver si la política dominicana es capaz de perforar su propia mediocridad.
Notas y referencias
1. Ingeniería subterránea antisísmica: Ejemplos comprobados incluyen el túnel Seikan en Japón (53.85 km bajo el lecho marino en zona altamente sísmica) y obras andinas como el túnel de La Línea en Colombia, que demuestran la viabilidad de atravesar macizos montañosos complejos protegiendo ecosistemas superficiales.
2. Costo de inversión: Estimación preliminar calculada con base en costos paramétricos internacionales por kilómetro de vía férrea de carga/pasajeros, túneles de base de gran profundidad e infraestructura de generación y almacenamiento solar a gran escala.
3. Indicadores fiscales: Cifras basadas en los informes oficiales sobre la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) publicados por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.
4. Reducción de costos logísticos: Proyección fundamentada en estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y experiencias regionales de transición modal de transporte carretero pesado a ferroviario.

