Por: Dr. Bienvenido Segura
El Senado de la República aprobó el Proyecto de Reforma Fiscal que le envió el presidente Luis Abinader, con el cual su gobierno pretende recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos. Ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde correrá la misma suerte, para luego ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La guerra Rusia-Ucrania y el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán lo que han hecho es agravar o profundizar una crisis que se viene incubando en la República Dominicana desde que se superó la pandemia del Covid-19.
Con una inflación interanual que ronda el 5.35 % a mayo de 2026, un déficit fiscal de alrededor del 3.45 % del PIB en 2025 y una deuda pública consolidada de más de US$76,248 millones, el panorama se torna sombrío para el pueblo dominicano.
Lo ideal hubiese sido que los legisladores no se limitaran a aprobar “al vapor” la presente reforma fiscal, enfocados en las recaudaciones y la sostenibilidad financiera, sino que también invirtieran un poquito de su tiempo en estudiar dicho proyecto desde una perspectiva de la salud pública, el desarrollo humano y la economía social.
En ese sentido, considero que debieron incorporarse mecanismos específicos para proteger a la población infantil, que es el grupo etario biológicamente más vulnerable a los efectos de la actual crisis económica y del aumento del costo de la vida en la República Dominicana.
La evidencia científica demuestra que las restricciones económicas de los hogares tienen repercusiones directas sobre la nutrición, el crecimiento, el desarrollo neurológico y la salud mental de los niños.
Organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han documentado que el incremento en los precios de alimentos, medicamentos y servicios esenciales afecta a la infancia, especialmente durante los primeros 1,000 días de vida, período crítico para el desarrollo cerebral y físico.
Debo confesar que por momentos aspiré a que esta reforma fiscal le diera un tratamiento tributario preferencial a alimentos de alto valor nutricional como fórmulas infantiles, medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, materiales educativos y servicios de salud dirigidos a niños y adolescentes.
Esto así porque está claro que un niño bien nutrido, vacunado, educado y protegido tiene mayores probabilidades de convertirse en un adulto sano, productivo y generador de riqueza para el país.
Estoy convencido de que la protección de la infancia debe constituir un objetivo estratégico del Estado y un criterio obligatorio en la formulación de cualquier política fiscal.
El autor es pediatra clínico, gerente de salud y abogado.