Por Pablo Vicente
La República Dominicana está a las puertas de una transformación histórica en materia de compras públicas. El proyecto de Ley de Contrataciones, aprobado en primera lectura en el Senado y previamente en la Cámara de Diputados, representa una versión 2.0 del sistema: más digital, más transparente, más inclusiva y con reglas diseñadas para garantizar que cada peso del Estado se traduzca en desarrollo y bienestar para la ciudadanía.
Este nuevo marco legal es fruto de un proceso de consulta amplio y participativo iniciado en 2021, en el que intervinieron organismos estatales, empresarios, sociedad civil, organismos internacionales, academia y ciudadanía en general. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha sido un actor clave en este proceso, respaldando la propuesta desde sus inicios y asegurando que está lista para su implementación.
Entre los pilares de esta ley destaca la obligatoriedad del sistema electrónico de contrataciones, que convertirá la plataforma digital en el único canal válido para gestionar procesos. Esta medida fortalecerá la trazabilidad, reducirá la discrecionalidad y facilitará la fiscalización en tiempo real, haciendo más eficientes y confiables las compras estatales.
El proyecto también incorpora nuevas modalidades como la subasta inversa electrónica, los acuerdos marco, la licitación abreviada y el sorteo de obras menores, que permitirán respuestas más ágiles ante diversas necesidades, sin sacrificar transparencia. La Tienda Virtual del Estado se establece como canal preferente para adquisiciones estandarizadas, promoviendo eficiencia y ahorro.
Una innovación fundamental es el enfoque del sistema de contrataciones públicas como instrumento para el desarrollo sostenible y la garantía de derechos. La ley introduce reglas específicas para fomentar compras inclusivas, responsables y sostenibles, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se privilegia la participación de MIPYMES, mujeres, jóvenes y sectores tradicionalmente excluidos, convirtiendo las compras públicas en una herramienta de inclusión productiva y cohesión social.
El nuevo marco también fortalece el régimen sancionador y de consecuencias. Se contemplan penas de hasta 10 años por prácticas corruptas, se amplían las inhabilitaciones a familiares de funcionarios y se legaliza la participación de comisiones de veeduría ciudadana, elevando la fiscalización social a una dimensión institucional.
La DGCP ha manifestado estar preparada para aplicar la ley una vez promulgada. Esto incluye la adecuación de los sistemas tecnológicos, la capacitación de servidores públicos, la elaboración de reglamentos complementarios y la difusión de directrices para entidades contratantes y proveedores. Su director, Carlos Pimentel, afirmó que “esta ley no es solo una reforma jurídica, sino un compromiso país con la integridad, la eficiencia y el buen uso de los recursos públicos”.
“Contrataciones 2.0” no es solo una frase moderna. Es una visión de gobernanza pública centrada en resultados, desarrollo y transparencia. Su aprobación dotará al país de un marco legal robusto, coherente con las demandas sociales y alineado con compromisos internacionales en materia de integridad, lucha contra la corrupción y eficiencia institucional.
Con esta reforma, el Estado dominicano no solo comprará mejor: comprará con propósito, con equidad y con responsabilidad. La ley está lista. El momento es ahora.