FEDODIM respalda modificación a la Ley 225-20 y pide a la Cámara de Diputados convertirla en ley

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Santo Domingo. – La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) expresó su respaldo a la modificación aprobada por el Senado de la República a los artículos 36 y 172 de la Ley No. 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, modificada por la Ley No. 98-25, y exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa para su pronta conversión en ley.

La entidad consideró que la reforma representa un paso fundamental para fortalecer las finanzas de los gobiernos locales, mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y contribuir a la protección del medio ambiente.

El director ejecutivo de FEDODIM, Pedro Richardson, afirmó que la modificación responde a criterios de equidad y proporcionalidad financiera, al tiempo que permitirá garantizar el flujo de recursos hacia el Fideicomiso DO Sostenible, mecanismo contemplado por la legislación para financiar el sistema nacional de gestión de residuos sólidos.

"Es imprescindible implementar plenamente la Contribución Especial para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y avanzar hacia una economía circular en los gobiernos locales", sostuvo Richardson.

El ejecutivo explicó que la reforma redefine las escalas de la Contribución Especial e incorpora medidas que benefician a los contribuyentes registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Entre los cambios destacó la creación de un esquema de pago semestral, mediante el cual las empresas podrán cubrir el 50 % de la contribución en junio y el 50 % restante al cierre de su ejercicio fiscal, reduciendo así el impacto sobre su flujo de caja.

FEDODIM reiteró que los gobiernos locales están preparados para colaborar en la fiscalización de los recursos que genere la contribución y fortalecer los servicios de recolección, transferencia y manejo de residuos sólidos.

La organización afirmó que la aprobación definitiva de la iniciativa contribuirá a garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano, al tiempo que permitirá avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible en la República Dominicana.

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