Pide revisar el equilibrio de las garantías de derechos entre los ciudadanos y el delito

PUERTO PLATA.- El abogado y politólogo Eddy Alcántara planteó la necesidad de introducir cambios en las normas procesales y leyes sectoriales, con el objetivo de fortalecer la persecución y sanción del delito y el crimen organizado.

Durante su participación en la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, celebrado en Puerto Plata bajo el lema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”, Alcántara señaló que, aunque el país cuenta con un nuevo Código Penal que sanciona conductas que anteriormente no estaban tipificadas, también debe prestarse atención al proceso que antecede a la decisión definitiva de los tribunales.

Mayor rigurosidad en los procesos judiciales

El jurista sostuvo que las disposiciones que regulan los procesos judiciales deben ser más rigurosas para evitar que personas acusadas de delitos graves obtengan con facilidad la libertad provisional o definitiva.

Alcántara consideró necesario revisar las normas procesales, particularmente en lo relativo a los derechos individuales y colectivos, de manera que las instituciones responsables de la vigilancia, protección, persecución y sanción del delito dispongan de herramientas adecuadas para ejercer sus funciones frente al crimen organizado y otras modalidades delictivas.

Afirmó que los parámetros de sanción están contemplados en el nuevo Código Penal, pero cuestionó las libertades que, a su juicio, pueden derivarse de determinados procedimientos establecidos en la normativa procesal.

En ese sentido, sostuvo que el esquema actual puede generar condiciones que incentiven la comisión de delitos al establecer garantías que, según expresó, “equiparan a quienes no infringen la ley con aquellos que resultan afectados por acciones contrarias a la normativa”.

Responsabilidad de las instituciones

Alcántara planteó además revisar el papel de los responsables de la vigilancia, persecución y sanción del delito, de forma que la legislación los comprometa a actuar conforme a las responsabilidades inherentes a todo servidor público.

Durante su ponencia, el abogado, politólogo y comunicador resaltó que el crimen organizado y la delincuencia del siglo XXI representan un desafío complejo, favorecido por factores como la lentitud de las leyes, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.

“Ante esta realidad, los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”, manifestó.

Finalmente, Alcántara afirmó que una legislación robusta no es aquella que atropella los derechos ciudadanos, “sino la que utiliza la inteligencia, la tecnología, la reforma policial y la mano firme contra la corrupción para combatir el crimen organizado”.