Cuestionan una orden de arresto contra Miguel Ángel Peña González por el presunto secuestro de su propia hija y solicitan la intervención de las autoridades judiciales.

MONTECRISTI, RD. – El abogado Elvin Tavárez y la señora Socorro del Carmen González denunciaron presuntas irregularidades en el servicio judicial de Montecristi, tras cuestionar una orden de arresto emitida contra el joven Miguel Ángel Peña González, acusado del supuesto secuestro de su propia hija.

Los denunciantes calificaron la disposición judicial como abusiva y contraria a las leyes, al sostener que Peña González es el padre biológico de la menor y que asumió su cuidado tras el fallecimiento de la madre de la niña.

«La orden de apresamiento emitida por la magistrada Gómez contra Peña González es una violación a las leyes y un abuso a todas luces», expresaron.

Según explicaron, la orden fue emitida por la jueza Javierca Antonia Gómez, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi, tras acoger una solicitud presentada por el fiscal Alexander de Jesús Peña.

El abogado y la madre del acusado cuestionaron las actuaciones de ambos funcionarios judiciales y alegaron la existencia de una presunta coordinación irregular en el procedimiento, afirmación que requiere ser investigada por las autoridades competentes.

Defienden la actuación del padre

Tavárez y González sostuvieron que el hecho de que Peña González asumiera el cuidado de su hija no constituye, por sí mismo, una conducta delictiva, debido a su condición de padre de la menor.

«En este caso no hay secuestro porque mi hijo Miguel Ángel es el verdadero padre de la menor y es él quien tiene que protegerla y asumir su tutela, como lo ha hecho», manifestó González, posición respaldada por el abogado.

No obstante, los denunciantes no aportaron en la información suministrada detalles sobre posibles decisiones judiciales previas relacionadas con la guarda, custodia o tutela de la niña.

Solicitan investigación de las autoridades judiciales

Los denunciantes también señalaron que existen otras quejas sobre las actuaciones de la jueza Gómez y del fiscal De Jesús Peña, aunque no precisaron expedientes, fechas ni resoluciones que permitan corroborar esos señalamientos.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las máximas autoridades del sistema judicial dominicano para que investiguen las actuaciones denunciadas y determinen si se produjeron irregularidades en el procedimiento.

Las acusaciones corresponden a declaraciones de las personas denunciantes y no constituyen determinaciones judiciales sobre la conducta de los funcionarios señalados.

Hasta el momento, la información suministrada no incluye una respuesta de la jueza, del fiscal ni del Ministerio Público respecto de estos cuestionamientos.