Los afectados aseguran disponer de certificaciones oficiales que contradicen informaciones utilizadas en el proceso de cobro y anuncian que someterán el caso ante las autoridades competentes.

LA ALTAGRACIA.– Ciudadanos argentinos denunciaron el presunto uso de documentación irregular dentro de un proceso de cobro que habría derivado en el embargo de sus cuentas bancarias en la provincia La Altagracia.

De acuerdo con los denunciantes, un abogado de la provincia, vinculado también a la actividad política y al ejercicio de una función pública, habría utilizado junto a sus clientes una compulsa notarial para sustentar el procedimiento.

Según la denuncia, el documento presentado hacía constar la existencia de un pagaré supuestamente registrado ante el ayuntamiento correspondiente. Sin embargo, los afectados aseguran que posteriormente solicitaron una certificación oficial y que el referido registro no figura en los archivos de la institución.

Cuestionan documentación utilizada

Los denunciantes sostienen que verificaciones posteriores también habrían generado dudas sobre el acto notarial utilizado en el procedimiento, incluyendo cuestionamientos relacionados con su existencia y las condiciones en que habría sido instrumentado y presentado.

Alegan que, aunque presuntamente se habría señalado que el documento buscaba ejercer presión o “asustarlos”, el procedimiento produjo consecuencias concretas, ya que sus cuentas bancarias fueron embargadas.

Según explicaron, esta situación ha generado dificultades para cumplir compromisos familiares, escolares y comerciales, además del pago de alquileres y otras obligaciones económicas.

Los afectados indicaron que todavía se encuentran cuantificando los daños económicos que atribuyen al embargo.

Llevarán el caso ante las autoridades

Los denunciantes afirman disponer de certificaciones oficiales, documentos y actuaciones que serán depositados ante el Ministerio Público y otras autoridades competentes para solicitar que se investigue la autenticidad y legalidad de la documentación utilizada.

También procurarán que las autoridades determinen si existió falsificación, alteración o utilización consciente de documentos irregulares y, de comprobarse alguna infracción, establezcan las responsabilidades correspondientes.

Por respeto al debido proceso y debido a que el caso será sometido a investigación, los nombres de las personas señaladas no serán publicados por el momento.

Los afectados plantearon tres interrogantes que consideran fundamentales para esclarecer el caso:

Si el pagaré existe, ¿dónde está el original?

Si fue registrado, ¿dónde consta oficialmente ese registro?

Y si se utilizó información falsa para obtener un embargo y perjudicar a terceros, ¿quiénes deberán responder por los daños ocasionados?

“Esta no es una acusación improvisada ni un conflicto personal. Estamos hablando de cuentas bancarias embargadas, familias afectadas y daños económicos concretos. Todo será colocado en manos de las autoridades”, expresaron los denunciantes.

Asimismo, sostuvieron que ninguna posición política, función pública o nivel de influencia debe constituir un obstáculo para que las autoridades investiguen los hechos denunciados.

El caso quedará ahora sujeto a las actuaciones de los organismos competentes, que deberán determinar la autenticidad de los documentos, la legalidad del procedimiento empleado y la existencia o no de responsabilidades legales.