Por José Armando Toribio
Santiago de los Caballeros.— En República Dominicana hay una preocupación que ya no se puede esconder debajo de la alfombra: la delincuencia parece haberle perdido el miedo a la autoridad. Asaltos, robos y hechos violentos ocurren con una frecuencia que mantiene a la gente encerrada, desconfiada y mirando hacia atrás cuando camina por las calles.
El ciudadano común se pregunta qué está pasando. Hay personas que salen a trabajar con miedo, comerciantes que cierran sus negocios antes de tiempo y familias preocupadas por sus hijos, mientras algunos delincuentes parecen actuar como si supieran que las consecuencias podrían no ser suficientes para detenerlos.
También hay que mirar hacia las cárceles. Si un preso consigue un celular, mantiene comunicación con el exterior o disfruta de privilegios que no le corresponden, algo está fallando. Una cárcel no puede convertirse en una oficina desde donde se puedan organizar delitos, amenazas o negocios ilegales.
Los derechos humanos y las garantías legales deben respetarse; eso nadie lo discute. Pero una cosa es respetar los derechos de una persona privada de libertad y otra muy diferente es permitir privilegios, corrupción o debilidades que terminen afectando la seguridad de toda la sociedad.
Y aquí aparece otro tema que merece una discusión seria: las leyes y su aplicación. Si un delincuente reincidente vuelve rápidamente a las calles y termina nuevamente involucrado en hechos criminales, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse dónde está fallando el sistema y qué debe corregirse.
La Policía no puede cargar sola con esta responsabilidad. Tampoco el Ministerio Público, los jueces o las autoridades penitenciarias pueden resolver el problema de manera aislada. Se necesita coordinación, inteligencia, investigación, prevención y, sobre todo, que cada institución cumpla con la responsabilidad que le corresponde.
Pero tampoco podemos olvidar a nuestros jóvenes. Hay que enfrentar las carreras clandestinas de motores, el consumo de drogas, el porte ilegal de armas, el abandono escolar y otros factores que pueden abrirles las puertas a grupos criminales. La prevención comienza mucho antes de que una persona termine frente a un juez.
La República Dominicana necesita recuperar la tranquilidad de sus ciudadanos. La autoridad debe hacerse sentir dentro del marco de la ley, las cárceles deben tener controles efectivos y quien cometa un delito debe enfrentar las consecuencias correspondientes, porque cuando la delincuencia deja de temer a la ley, la sociedad comienza a perder la confianza en sus instituciones y en su propia seguridad.
