Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeros.- Por más que las autoridades dominicanas intenten controlar el uso de celulares y otros aparatos tecnológicos dentro de los centros penitenciarios, cualquier medida que se limite únicamente al bloqueo de señales corre el riesgo de convertirse en publicidad y propaganda si no está acompañada de controles internos efectivos, investigaciones y acciones permanentes contra las redes que utilizan estos dispositivos para delinquir.

La facilidad tecnológica explica una parte importante del problema, ya que un teléfono celular, acceso a internet y algunos datos personales pueden ser suficientes para iniciar una estafa, mientras que la distancia que ofrece una pantalla genera en el delincuente una sensación de impunidad que facilita el engaño y permite contactar a numerosas víctimas sin tener que enfrentarlas directamente.

Día tras día, cientos de personas denuncian robos y estafas mediante llamadas telefónicas y plataformas digitales, donde los delincuentes solicitan grandes cantidades de dinero utilizando historias falsas como supuestos accidentes de tránsito de familiares, detenciones, emergencias médicas, premios inexistentes o rifas fraudulentas, aprovechándose principalmente del miedo, la urgencia y la confianza de quienes reciben las llamadas.

Por más bloqueos tecnológicos que implementen los gobiernos en las cárceles, las estafas pueden continuar si no se desmantelan las estructuras que las organizan, pues este fenómeno se ha convertido en una de las principales amenazas de seguridad digital y telefónica, no solamente por el uso de celulares, sino también por la capacidad de los delincuentes para obtener información.

En los últimos años, la Policía Nacional ha informado sobre la desarticulación de bandas vinculadas a asaltos y a estafas realizadas mediante dispositivos móviles desde centros penitenciarios, con señalamientos que han incluido operaciones originadas en recintos como la Penitenciaría Nacional de La Victoria, una situación que demuestra que el problema requiere mucho más que colocar bloqueadores o realizar operativos ocasionales.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentra el llamado falso familiar o supuesto accidente, mediante el cual una persona recibe una llamada, muchas veces durante la noche, donde alguien se hace pasar por policía, médico o militar y asegura que un hijo o pariente provocó un accidente grave o fue detenido, para posteriormente exigir una transferencia inmediata de dinero bajo la amenaza de que, si no se paga, el familiar enfrentará consecuencias legales.

Otra modalidad consiste en los falsos premios y concursos, donde los delincuentes informan a sus víctimas que han ganado vehículos, apartamentos o grandes sumas de dinero y posteriormente solicitan pagos por supuestos impuestos, trámites o tarjetas telefónicas, mientras que en las plataformas de compra y venta también se producen fraudes mediante comprobantes falsos de transferencias, operaciones bancarias que aparecen pendientes o el envío de terceros para retirar mercancías antes de que el vendedor confirme que el dinero realmente está disponible.

También preocupa el crecimiento de la extorsión y la extorsión, prácticas en las que se utilizan perfiles falsos para obtener información, fotografías o material privado y luego amenazar a las víctimas con divulgarlo si no entregan dinero, por lo que la ciudadanía debe evitar compartir información sensible con desconocidos, verificar cualquier emergencia directamente con sus familiares y confirmar las transferencias bancarias antes de entregar productos o realizar cualquier operación.

La solución, por tanto, debe ir mucho más allá de bloquear celulares y señales en las cárceles, ya que se necesita fortalecer la vigilancia penitenciaria, investigar la corrupción interna, mejorar los controles de acceso a dispositivos, desarrollar capacidades de investigación digital y aplicar sanciones firmes tanto a los autores de las estafas como a quienes faciliten estas operaciones desde dentro o fuera de los centros penitenciarios, porque la seguridad ciudadana no puede depender de anuncios temporales.