La reciente sentencia No. TC-0788/2024 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 13 de diciembre de 2024, habilita el concepto de candidatura independiente, establecido en nuestra legislación desde 1923, mediante una figura jurídica que crea agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos, pero sin regulación alguna, al señalar que serán espontáneas y sin ningún requisito previo para su inscripción. Esta decisión genera una desigualdad con respecto a todas las demás personas morales que operan en nuestro país, incluyendo los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, todos sujetas a un régimen legal específico.
Esta decisión del TC ha creado un debate sobre si el TC fue más allá de su competencia, entrando en un terreno que corresponde constitucionalmente al Congreso Nacional, como es la regulación por ley orgánica de los derechos fundamentales. Preocupa que, mientras las decisiones del Poder Legislativo, de los tribunales y del Poder Ejecutivo son recurribles ante el TC, las decisiones de este último son finales y vinculantes y solo pueden ser modificadas por el propio TC, que es un órgano con una legitimidad social menor que los poderes legislativo y ejecutivo.
Alrededor de las candidaturas independientes existen varios elementos a tomar en cuenta como, evitar un trato privilegiado en comparación con las candidaturas de los partidos políticos. El requisito creado por la sentencia comentada, de que para que una candidatura independiente pueda ser aceptada deberá reunir el apoyo de electores que representen por lo menos un 2% del total de votos válidos emitidos en las últimas elecciones en la demarcación electoral en la que competirá, puede ayudar a evitar inscripciones masivas de candidaturas, pero a su vez genera el riesgo de que estas candidaturas solo puedan ser perseguidas por personas con abundancia de recursos económicos, especialmente aquellas que manejan dinero sucio. Muchos otros aspectos relativos a la presentación, elección y sustitución en caso de ser necesario, deberán ser establecidos en la legislación.
Otro tema no resuelto y que perjudica la presencia eficaz de candidaturas independientes es que no tendrían acceso a financiamiento público, generando una desigualdad inexcusable con los candidatos de los partidos políticos.
Como movimiento cívico, Participación Ciudadana promueve la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, sea a través de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas o de candidaturas independientes, pero entendemos que todo mecanismo de acceso al poder debe contar con la debida regulación, para asegurar que tales procesos sean administrados de manera eficiente y contribuyan a mejorar y fortalecer la democracia.
Entendemos que la forma apropiada para hacer factibles las candidaturas independientes es a través de la aprobación de una ley orgánica que las regule, por lo que proponemos que la Junta Central Electoral, utilizando su facultad constitucional de iniciativa en la formulación de leyes, redacte un proyecto de ley en esta dirección y lo someta al Congreso Nacional, previa consulta con los partidos políticos y la ciudadanía.
