La Secretaría de Asuntos Jurídicos, dirigida por Raúl Martínez, reunió en Santiago a profesionales del derecho como parte de un programa nacional que busca capacitar a 2,400 abogados.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD. – La Fuerza del Pueblo (FP) avanza en la preparación de sus equipos jurídicos y electorales con miras a las elecciones de 2028, mediante un programa de formación orientado a fortalecer la vigilancia del escrutinio, la revisión de actas y los procedimientos de reclamación e impugnación.

Con ese propósito, la Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ), dirigida por Raúl Martínez, celebró el viernes 6 de noviembre una asamblea provincial en el Hotel Matum, en Santiago, con la participación de profesionales del derecho.

La iniciativa busca evitar que la falta de experiencia de los equipos electorales afecte la defensa de los resultados obtenidos en las urnas.

«Si el pueblo nos da la victoria en 2028, sería imperdonable perderla por falta de preparación. Cada delegado debe saber qué revisar en el acta y qué dejar asentado en la mesa. Y si hay que reclamar, el abogado tiene que saber con qué prueba, ante quién y en qué plazo. Eso se aprende y se practica desde ahora», señaló Martínez.

Programa nacional contempla capacitar a 2,400 abogados

La exposición central de la jornada estuvo a cargo de Juan Rivera, vicesecretario de la SAJ, quien dictó la conferencia «Fundamentos del Derecho Electoral en la República Dominicana».

La actividad forma parte de un programa nacional que contempla la capacitación de 2,400 abogados en legislación electoral, manejo de actas y pruebas, así como en procedimientos de reclamación e impugnación.

«El voto sigue perteneciendo al ciudadano cuando ya está en manos de quienes lo cuentan. Por eso, cada paso entre la boleta y el resultado debe poder verificarse. Si aparece una diferencia, hay que saber demostrarla y reclamarla a tiempo», sostuvo Rivera.

La importancia de verificar las actas electorales

Durante la exposición se hizo referencia a la segunda vuelta electoral de Perú, celebrada en junio de 2026, como ejemplo de la importancia de contar con equipos preparados para verificar los resultados.

Según los datos citados en la jornada, cuando se había contabilizado aproximadamente el 98.2 % de las actas, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez rondaba los 600 votos, mientras que el margen definitivo fue de 49,641 sufragios.

También se mencionó que la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que, en las mesas observadas en territorio peruano, los delegados presentes al cierre recibieron copias de las actas.

Este procedimiento permite comparar los resultados registrados en cada mesa con los publicados posteriormente en el cómputo oficial.

La Secretaría de Asuntos Jurídicos también había desarrollado una jornada anterior en Nagua, donde abordó los procedimientos y plazos establecidos para impugnar resultados electorales.

Equipos jurídicos deberán definir responsabilidades

Por su parte, Yunio Durán, coordinador provincial de la SAJ, llamó a establecer claramente las funciones y responsabilidades de los integrantes de los equipos electorales.

«Colegas, salgamos de aquí con una tarea concreta. Definamos quién recibe el reporte del delegado, quién reúne la evidencia y quién presenta la reclamación cuando corresponda. El día de las elecciones, cada delegado tiene que saber a quién llamar y cada abogado qué hacer con esa llamada», expresó Durán.

El dirigente insistió en la necesidad de contar con mecanismos de comunicación y respuesta que permitan actuar oportunamente ante cualquier situación que requiera una reclamación formal.

Dirigentes presentes

En la asamblea participaron el abogado Hipólito Martínez, presidente de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 01 de Santiago; Juan Henríquez, coordinador municipal de la SAJ en Santiago de los Caballeros; y los vicesecretarios Ramón Vargas, Andrea Mendoza, Manuel Mateo Calderón y Librado Peña, entre otros.

La Fuerza del Pueblo continuará desarrollando su programa de formación jurídica y electoral con el objetivo de preparar a sus representantes para los procesos de votación y escrutinio de 2028.