Por Francis Williams
El autor es Psicólogo y Terapeuta Familiar

Las cifras sobre la infancia en República Dominicana exigen una reflexión profunda y una acción inmediata. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar-MICS), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con el apoyo de UNICEF, el 54.9 % de los niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años ha experimentado métodos violentos de disciplina en sus hogares.

Asimismo, un 37.9 % ha sufrido castigo físico y un 43 % agresión psicológica. Esta preocupante realidad evidencia prácticas culturales arraigadas que confunden corrección con abuso, normalizando el uso de la violencia verbal y física para imponer autoridad.

Ante este escenario, resulta indispensable que el Estado, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil impulsen y financien de manera prioritaria campañas permanentes de concienciación.

Prevenir el abuso, la negligencia y el maltrato infantil no debe ser considerado un gasto corriente, sino la decisión estratégica más decisiva para romper el ciclo de agresión que impacta el bienestar emocional y el desarrollo futuro de los ciudadanos.

Como bien ha señalado el terapeuta familiar Francis Williams, la mejor inversión social que puede realizar un país es en su niñez. Educar a los padres y cuidadores en pautas de crianza positiva y dotar a las familias de herramientas emocionales para gestionar el estrés son pasos fundamentales para romper la cadena intergeneracional del maltrato.

Invertir en campañas de sensibilización permite desarticular falsas creencias sobre la disciplina violenta y construir entornos donde prima el respeto a los derechos de los menores.

Garantizar entornos seguros y afectivos para los niños y adolescentes no solo protege su integridad física y emocional hoy, sino que consolida las bases de una sociedad más justa, pacífica y próspera para el mañana.

Desde el ámbito público, las entidades del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes —como el CONANI, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer— deben articular políticas transversales eficientes.

Es fundamental descentralizar los servicios de atención psicosocial, capacitar continuamente a los profesionales de la conducta en la detección temprana del maltrato y fiscalizar que la protección a la infancia cuente con recursos suficientes.

Por su parte, en el día a día, padres, madres, tutores y educadores deben ejercer el liderazgo mediante el respeto. Establecer límites claros desde el diálogo, rechazar el uso del castigo corporal y fomentar la empatía en las aulas y hogares son acciones cotidianas indispensables.

Solo combinando la acción institucional con la responsabilidad comunitaria lograremos erradicar la disciplina violenta de nuestro país.