Por Maylene Cotto Andino
Dedicado a mis amigas dominicanas, mujeres trabajadoras, llenas de ilusiones, que me ofrecieron su amistad y su ayuda, cuando yo llegué a España en el año 1995 como estudiante, con una visa y unas maletas llenas de sueños que se han hecho realidad. Ustedes saben quiénes son.
No creo que haya habido un puertorriqueño o un dominicano que no se haya sobrecogido con la tragedia que ha ocurrido esta semana cerca de las costas de Puerto Rico. Hay personas que cruzan una frontera buscando una oportunidad que les cambie su vida, que mejore las condiciones de sus hijos, de lo que más quieren en su vida. Hay otras que cruzan un mar porque sienten que ya no les queda otra frontera que atravesar. Y entonces ocurre una tragedia como la del pasado lunes, cerca de la isla de Mona, en Puerto Rico, y volvemos a mirar el mar como si el mar fuera el culpable. Pero el mar no es el principio de esta historia. El mar es, muchas veces, el capítulo final. De un terrible final.
Una embarcación improvisada. Decenas de personas. Ninguna certeza. Ninguna garantía de llegar. Una travesía peligrosa por el Paso de la Mona, una isla deshabitada perteneciente a Puerto Rico y frontera entre nosotros y nuestros hermanos dominicanos. Y, al final, muertos, desaparecidos y supervivientes que tendrán que aprender a vivir con el recuerdo de haber visto cómo el sueño de otros se hundía delante de sus ojos.
La tragedia comenzó mucho antes de que aquella embarcación se hiciera a la mar. Comenzó quizá en una casa donde alguien dijo: «Aquí ya no puedo seguir». Comenzó en una familia que necesitaba dinero. En una madre que quería que sus hijos tuvieran una oportunidad diferente. En un joven que miraba hacia Puerto Rico pensando que allí podía existir un futuro. En alguien que había escuchado que al otro lado había trabajo. En alguien que ya había intentado empezar de nuevo y había descubierto lo difícil que resulta reconstruir una vida cuando se ha perdido casi todo.
¿Cuánto tiene que doler una vida para que una persona considere razonable entregársela al mar?
Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. No para justificar una travesía irregular y peligrosísima, ni para negar a los Estados su derecho a controlar sus fronteras. Tampoco para ignorar que existen redes de tráfico y contrabando de personas que se aprovechan precisamente de la desesperación. Sino para entender que una política migratoria que solamente mira la frontera corre el riesgo de dejar de mirar a la persona.
El título de esta columna nace de una paradoja. Millones de seres humanos tienen sueños perfectamente legales. Quieren trabajar, estudiar, reunirse con sus familias, escapar de la violencia, enviar dinero a sus hijos, cuidar de sus padres, construir una casa, tener un salario digno o simplemente empezar otra vez. Pero no todos tienen las mismas posibilidades de convertir esos sueños en una ruta migratoria segura. Y cuando las vías regulares son insuficientes, inaccesibles o demasiado lentas para determinadas situaciones, aparecen las rutas clandestinas.
ACNUR lleva años advirtiendo precisamente sobre esta realidad: las personas que viajan por mar en embarcaciones inseguras pueden estar huyendo de conflictos, persecución, violaciones de derechos humanos o buscando oportunidades para reconstruir sus vidas. La organización advierte además de los riesgos de muerte, explotación, violencia y abuso asociados a estas travesías. Por eso resulta demasiado sencillo decir: «Se lanzaron al mar ilegalmente». La expresión describe una situación migratoria irregular, pero no explica por qué alguien decidió asumir semejante riesgo.
En 2014, ACNUR, OIM, OMI, UNODC y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistieron en una distinción fundamental: quienes realizan estas peligrosas travesías no deben ser tratados simplemente como delincuentes, mientras que quienes explotan su necesidad y ponen sus vidas en peligro para obtener beneficios sí deben ser perseguidos.
Quienes intentan llegar irregularmente a Estados Unidos no solamente enfrentan el peligro del mar. Después puede aparecer otro miedo: la posibilidad de ser detenidos, deportados o separados de sus familias. Y ese miedo puede hacerse todavía mayor cuando alguien ya ha dejado atrás una vida entera. Porque volver no siempre significa regresar a casa. A veces significa regresar a la misma pobreza, a la violencia, volver con deudas, sin trabajo y, en ocasiones, significa regresar con la sensación de haber fracasado delante de toda una familia que había depositado sus esperanzas en aquella persona.
Aquí es donde debemos introducir algo que con frecuencia desaparece del debate público: el derecho internacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce, en su artículo 13, el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluido el propio. Y el artículo 14 reconoce el derecho a buscar y disfrutar de asilo frente a la persecución. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reconoce la libertad de toda persona para salir de cualquier país. Esto no significa que exista un derecho ilimitado a entrar en cualquier país sin cumplir sus leyes migratorias. Los Estados tienen competencia para controlar sus fronteras y establecer procedimientos de entrada, residencia y protección internacional. Pero esa competencia no elimina los derechos humanos de las personas migrantes. Y tampoco elimina la obligación de salvar una vida en peligro.
El derecho marítimo internacional establece obligaciones de búsqueda y salvamento. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (SAR 1979) forman parte del marco internacional aplicable a estas situaciones. En mayo de 2026, ACNUR, la OMI y la International Chamber of Shipping actualizaron además su guía internacional sobre rescate de refugiados y migrantes en el mar, insistiendo en que las personas en peligro deben ser rescatadas y llevadas a un lugar seguro conforme al derecho internacional. En otras palabras: primero está la vida. Después vendrá la situación migratoria.
No toda persona migrante es refugiada. Pero una persona que huye de persecución, de la extrema pobreza, de conflictos o determinadas violaciones graves de derechos puede necesitar protección internacional y tiene derecho a que su situación sea examinada conforme al derecho aplicable. El principio de non-refoulement —no devolución— constituye uno de los pilares de la protección internacional de refugiados: una persona no debe ser devuelta a un lugar donde su vida o libertad puedan estar amenazadas en las circunstancias contempladas por el derecho internacional de los refugiados.
Por eso la respuesta internacional no puede limitarse a interceptar embarcaciones. Tiene que incluir salvamento, identificación de necesidades de protección, procedimientos adecuados, lucha contra las redes criminales y, sobre todo, alternativas.
El Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, adoptado por Naciones Unidas, parte precisamente de una idea que debería ocupar mucho más espacio en nuestra conversación pública: crear condiciones para que la migración pueda producirse de manera segura, ordenada y regular y reducir los efectos negativos de la migración irregular mediante la cooperación internacional. Uno de sus objetivos, el Objetivo 5, pide aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular, incluyendo oportunidades de movilidad laboral, educación y reunificación familiar.
Es una cuestión fundamental. Porque si queremos reducir los viajes peligrosos, necesitamos preguntarnos: ¿qué alternativas existen para quien no puede acceder a una vía regular? ¿Hay suficientes oportunidades laborales? ¿Existen mecanismos de movilidad temporal? ¿Existen vías humanitarias? ¿Hay procedimientos familiares accesibles? ¿Puede una persona estudiar legalmente? ¿Puede solicitar protección? ¿Puede trabajar? ¿Puede hacerlo sin tener que entregar sus ahorros a un traficante y poner su vida en manos de una embarcación incapaz de resistir el océano?
Combatir la migración irregular sin ampliar las alternativas seguras puede detener algunas embarcaciones. Pero no necesariamente elimina la desesperación que las pone en el agua.
Y aquí aparece también la UNESCO. No porque la UNESCO determine quién puede entrar o permanecer en Puerto Rico o Estados Unidos. No es esa su función. Su papel es diferente y, quizá por eso, más profundo. La UNESCO trabaja desde la educación, la cultura, las ciencias, los derechos humanos y el diálogo intercultural para construir sociedades capaces de convivir con la diversidad.
En 2026, UNESCO publicó More than Welcome: Intercultural integration of migrants in and through higher education, subrayando el papel de las universidades en la integración intercultural, el entendimiento mutuo y la construcción de sociedades más inclusivas y cohesionadas.
La educación no detiene por sí sola una embarcación. Pero puede cambiar las condiciones que llevan a una persona a considerar que no tiene futuro donde nació. Puede hacer que un gobierno reflexione qué está pasando con su gente que prefiere lanzarse al mar, en una travesía infame, arriesgando su vida.
La educación puede generar oportunidades.
La formación profesional puede abrir puertas. Las universidades pueden convertirse en espacios de integración. La cultura puede combatir la xenofobia. La cooperación científica puede identificar las causas profundas del desplazamiento. Y la educación para la paz puede enseñarnos algo que hemos olvidado demasiadas veces: detrás de una categoría migratoria existe una persona.
Hay algo de lo que hablamos muy poco: lo difícil que es volver a empezar.
Quien migra deja atrás una geografía, pero también una identidad, deja una casa, una lengua en muchos casos, una red de afectos, un paisaje, una profesión que quizá ya no podrá ejercer, una vida que quizá nadie en el país de destino conoce y empieza de cero. A veces incluso teniendo que demostrar constantemente que merece estar allí.
Por eso cada muerte en una travesía migratoria tiene consecuencias que van mucho más allá del cuerpo que desaparece. Hay hijos que se quedan esperando. Madres que nunca recibirán una llamada. Padres que tendrán que explicar una ausencia. Familias que perderán su principal fuente de ingresos. Comunidades que quedarán marcadas por otra tragedia. Y niños que crecerán preguntándose por qué aquella persona decidió marcharse.
Una muerte en el mar no termina cuando se recupera un cuerpo.
La muerte continúa en quienes se quedan.
La tragedia de Mona tampoco es un acontecimiento aislado. En junio de 2022, once mujeres y niñas haitianas murieron después de que una embarcación sobrecargada naufragara en aguas próximas a Puerto Rico. La tragedia actual vuelve a recordar que el Paso de la Mona se ha convertido en una ruta de enorme peligrosidad para quienes intentan llegar por mar.
Esta historia, la llevo viendo desde que niña. ¿Cuántas veces tendremos que repetir la misma historia? ¿Cuántas personas tendrán que desaparecer antes de que comprendamos que estamos ante un problema que no puede resolverse únicamente con patrullas marítimas?
Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger las fronteras. Pero los Estados también tienen la responsabilidad de proteger la vida. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de combatir las redes de tráfico y explotación. Pero también tiene la responsabilidad de abordar las causas que alimentan esas rutas. Y nosotros tenemos otra responsabilidad:
No convertir a los muertos en estadísticas.
Quizá la pregunta no debería ser únicamente por qué esas personas se lanzaron al mar. Quizá deberíamos preguntarnos por qué alguien llegó a pensar que el mar era una opción. Porque cuando una persona mira un océano peligroso y piensa que vale la pena atravesarlo en una embarcación precaria, algo ha fallado mucho antes. Ha fallado la posibilidad de imaginar un futuro. Ha fallado la existencia de alternativas. Ha fallado la cooperación. Ha fallado, en alguna medida, nuestra capacidad de construir un mundo donde migrar no tenga que significar morir.
No podemos pedirle a nadie que arriesgue su vida. Pero tampoco podemos sorprendernos de que haya personas dispuestas a hacerlo cuando sienten que quedarse significa no tener futuro.
Por eso necesitamos fronteras, sí. Necesitamos leyes, sí. Necesitamos combatir las redes criminales, sí. Necesitamos procedimientos migratorios eficaces, sí. Pero necesitamos también vías seguras y regulares, protección internacional efectiva, educación, oportunidades económicas y cooperación entre los países de origen, tránsito y destino.
Porque el verdadero desafío no consiste solamente en impedir que alguien suba a una embarcación. Consiste en conseguir que esa persona tenga otra opción. Una opción legal, segura y digna. Una opción para volver a empezar.
Tal vez quienes murieron cerca de Mona no estaban buscando simplemente llegar a Puerto Rico. Quizá estaban buscando algo mucho más sencillo y mucho más difícil: una vida que les permitiera volver a soñar.
Y si algún día queremos que ninguna otra familia tenga que mirar hacia el mar preguntándose dónde está uno de los suyos, tendremos que comprender que la migración no se resuelve únicamente cerrando fronteras. También se resuelve abriendo caminos. Caminos legales. Caminos seguros. Caminos humanos.
Porque nadie debería necesitar una embarcación clandestina para buscar una visa para un sueño y ningún sueño debería terminar en el fondo del mar.

