Por Ramón Morel

En el Congreso Nacional hay relojes que parecen fabricados en países distintos.

Uno corre. El otro bosteza.

El primero funciona cuando llegan determinados expedientes: contratos de préstamos, medidas fiscales o iniciativas que logran reunir con extraordinaria rapidez los votos suficientes. El segundo aparece cuando se habla de la reforma policial, del Código de Trabajo, de la Seguridad Social o de otras piezas que llevan años presentándose como prioritarias.

La diferencia no es retórica. Está escrita en el calendario legislativo.

Este miércoles 16 de septiembre, el Senado acogió las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que regula los juegos de azar. Con esa decisión, la iniciativa terminó su recorrido en el Congreso y quedó en condiciones de pasar al Poder Ejecutivo para promulgación u observación.

Y ahí surge una pregunta legítima sobre las prioridades del poder político.

Porque mientras una legislación de casi 200 artículos sobre juegos de azar consiguió atravesar ambas cámaras hasta completar su trámite, proyectos directamente vinculados con la seguridad del ciudadano, sus relaciones laborales y su protección social continúan dando vueltas.

No se trata de sostener que el sector de juegos de azar no necesitaba regulación. La necesitaba. Precisamente por su dimensión económica y por los riesgos sociales asociados a su funcionamiento, el Estado tiene la obligación de regularlo con rigor.

La cuestión es otra: ¿por qué esa capacidad de decisión, negociación y votación no aparece con la misma eficacia cuando sobre la mesa están problemas que afectan diariamente a millones de dominicanos?

La reforma policial ofrece un ejemplo difícil de ignorar.

El proyecto remitido inicialmente por el Poder Ejecutivo pasó aproximadamente siete meses en el Senado, fue aprobado finalmente por esa cámara y después perimió en la Cámara de Diputados al concluir la legislatura de julio. Hubo que comenzar otra vez.

El 15 de septiembre, apenas un día antes de aprobarse definitivamente la legislación sobre juegos de azar, todavía no arrancaba formalmente el trabajo de la comisión bicameral encargada de estudiar la nueva reforma policial.

La paradoja casi se escribe sola.

Para regular apuestas, el Congreso encontró la meta.

Para reformar jurídicamente la institución encargada de enfrentar la delincuencia, volvió al punto de partida.

También está la reforma laboral.

El Código de Trabajo vigente data de 1992. La reforma depositada desde octubre de 2024 ha sufrido retrasos y ya había perimido en dos ocasiones. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció el 2 de septiembre que el proceso permanecía frenado mientras se esperaba el resultado de un nuevo diálogo promovido por el Gobierno.

Treinta y cuatro años después del Código de Trabajo vigente, trabajadores y empleadores todavía esperan.

El país cambió.

Llegó el teletrabajo. Cambiaron las relaciones productivas. Cambió la tecnología. Cambiaron los modelos empresariales.

Pero la reforma sigue esperando su turno.

Y si de esperar se trata, pocos conocen mejor ese verbo que quienes dependen del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El Congreso inició la actual legislatura anunciando otra vez la reforma de la Ley 87-01 como una de sus prioridades. Sin embargo, el 2 de septiembre Pacheco informaba que la propuesta del Poder Ejecutivo todavía estaba siendo preparada y que sería depositada “muy pronto”.

“Muy pronto”.

Dos palabras extraordinariamente resistentes en la política dominicana.

Sobreviven legislaturas, discursos, comisiones y promesas.

Mientras tanto, hay familias para las cuales la seguridad social no es una abstracción jurídica. Es la cobertura que necesitan cuando alguien enferma. Es el medicamento que deben comprar. Es la pensión con la que alguien espera terminar sus años con dignidad.

El contraste se vuelve todavía más visible cuando se observa la rapidez empleada para determinadas operaciones financieras.

El 2 de junio, el Senado aprobó en única discusión dos préstamos por US$600 millones, destinados a programas de acción climática, saneamiento y reúso de aguas.

El 24 de julio aprobó otros US$465.5 millones en dos contratos con el BID para seguridad vial y manejo de la cuenca del río Yuna. Aquellos financiamientos habían sido aprobados por los diputados el día anterior y el Senado los sancionó en una sola sesión, incluso sin enviarlos al trámite ordinario de comisión debido al cierre de la legislatura.

Conviene hacer una precisión: que un préstamo sea aprobado rápidamente no significa, por sí mismo, que sea innecesario. Los financiamientos citados tienen destinos públicos específicos que pueden ser evaluados por sus propios méritos.

Lo revelador es la capacidad institucional para acelerar procedimientos cuando existe voluntad política para hacerlo.

El Congreso ha demostrado que puede correr.

Por eso resulta cada vez más difícil explicar por qué ciertas reformas caminan.

La imagen es incómoda: mientras la delincuencia preocupa a las familias, la reforma policial vuelve a comisión; mientras trabajadores y empresarios esperan reglas laborales actualizadas, el Código de Trabajo continúa negociándose; mientras millones dependen de ARS, pensiones y coberturas médicas, la reforma de la Seguridad Social sigue anunciándose.

Y, entretanto, otros expedientes encuentran el camino hasta el hemiciclo.

En junio, incluso el denominado proyecto de medidas procrecimiento económico y simplificación fiscal remitido por el Poder Ejecutivo fue declarado de urgencia por el Senado y aprobado en dos lecturas consecutivas.

No parece, entonces, que el problema sea exclusivamente falta de tiempo.

Tampoco ausencia de mecanismos parlamentarios.

El Congreso posee comisiones, mayorías, procedimientos de urgencia y capacidad para celebrar sesiones extraordinarias. Los utiliza.

La discusión verdadera es para qué los utiliza primero.

Los presidentes de las cámaras han anunciado reiteradamente como prioridades la reforma laboral, la policial, la Seguridad Social, el Código Civil y la Ley de Aguas. Sin embargo, varias de esas iniciativas reaparecieron en agosto de 2026 nuevamente en la lista de pendientes, algunas arrastradas desde 2024.

Una prioridad que debe anunciarse cinco veces empieza a parecerse demasiado a una espera.

Gobernar y legislar consiste también en escoger.

Cada sesión escogida, cada proyecto colocado en agenda y cada expediente declarado de urgencia revela una jerarquía práctica, independientemente del discurso.

Por eso la aprobación de la ley de juegos de azar merece ser observada más allá de sus artículos.

No solamente importa lo que regula.

Importa también lo que deja retratado.

Retrata un Congreso capaz de terminar una legislación extensa cuando las condiciones políticas están dadas, al mismo tiempo que reformas presentadas durante años como fundamentales continúan atrapadas entre comisiones, consensos pendientes y nuevas promesas.

Y fuera del edificio del Congreso la vida no entra en receso legislativo.

El trabajador sigue trabajando.

El enfermo sigue necesitando cobertura.

La familia que teme por la inseguridad no puede declarar perimida su preocupación y depositarla nuevamente en la próxima legislatura.

Esa quizá sea la diferencia más dura entre el calendario político y el calendario de la gente:

los proyectos pueden esperar. Los problemas no.