GANA, CONANI, UNAPEC y FINJUS revisan avances y aspectos pendientes para fortalecer un sistema especializado, restaurativo y orientado a la reinserción social

SANTO DOMINGO.– El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) analizaron las principales propuestas de modificación al sistema de justicia penal adolescente contempladas en el proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03.

El análisis se realizó durante el panel “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, que reunió a juristas, operadores del sistema de justicia, académicos y representantes vinculados con la atención de adolescentes.

Durante el encuentro fueron examinados los enfoques incorporados en el Libro III de la propuesta de anteproyecto, así como aspectos que requieren continuar siendo revisados para fortalecer la respuesta del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Academia destaca importancia de la reforma

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien afirmó que la academia debe participar en las discusiones que inciden en el rumbo del país.

Pérez Vega señaló que la misión universitaria trasciende la formación técnica y profesional y debe contribuir a formar una ciudadanía responsable, crítica y comprometida con el desarrollo humano.

Asimismo, exhortó especialmente a los estudiantes de Derecho a asumir esta disciplina no solo como conocimiento de las normas, sino como una herramienta para proteger la dignidad humana, garantizar derechos y contribuir a la transformación positiva de la sociedad.

“Confiamos en que las ideas trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las instituciones de nuestro país”, expresó.

Más de 70 instituciones han participado

Al contextualizar el proceso de reforma, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, explicó que los trabajos comenzaron hace más de un año y cuentan con el acompañamiento de un Comité Consultivo de Alto Nivel.

Este organismo está integrado por GANA, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), CONANI, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, UNICEF y Visión Mundial.

Pérez Peña indicó además que más de 70 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil han participado en consultas y validaciones técnicas de la propuesta.

“La protección de la niñez no es una tarea de un gobierno ni de nadie en particular. Es una responsabilidad de todos y de todas y por eso debemos contribuir a que este instrumento sea el mejor posible para el bien de nuestra niñez y adolescencia”, manifestó.

Un sistema enfocado en responsabilización y reinserción

Los consultores responsables de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, presentaron los principales enfoques incorporados en la propuesta.

Entre estos destacaron el fortalecimiento del carácter especializado del sistema, la justicia restaurativa y los mecanismos orientados a la reinserción social.

Explicaron que la respuesta ante una infracción cometida por una persona adolescente debe diferenciarse de la aplicable a los adultos, tomando en consideración su etapa de desarrollo y las condiciones de vulnerabilidad que puedan incidir en su conducta.

El objetivo planteado es que la intervención del sistema no se limite al procesamiento y la sanción, sino que también contribuya a reducir la reincidencia y genere oportunidades para la reinserción social.

Juez plantea aspectos que deben revisarse

El magistrado Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los avances contenidos en la propuesta y planteó aspectos que, a su juicio, deben continuar bajo análisis.

Entre ellos señaló la necesidad de precisar la respuesta del sistema ante casos que involucren a niños y adolescentes inimputables, definir con mayor claridad las salas competentes para conocer determinados procesos y establecer mecanismos adecuados de respuesta y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes migrantes o que carezcan de documentación.

Seguimiento después de la salida de los centros

Por su parte, Carlos Guerrero, director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), explicó el funcionamiento de los centros destinados a esta población y el trabajo desarrollado por los equipos multidisciplinarios.

Guerrero destacó la importancia de establecer mecanismos de seguimiento a los adolescentes incluso después de su salida de los centros, como parte de los esfuerzos para favorecer una reinserción efectiva y ofrecerles una segunda oportunidad.

El panel fue moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y forma parte de las acciones de socialización y validación desarrolladas dentro del proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.