SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Propietarios de inmuebles destinados a rentas cortas y usuarios de plataformas digitales de alojamiento, articulados a través de la iniciativa “Mi Propiedad, Mi Derecho”, invitaron al Ministerio de Turismo (MITUR) a establecer un diálogo abierto y transparente sobre la regulación del sector.

De acuerdo con la entidad, el compromiso de la comunidad de propietarios independientes quedó reflejado en la más reciente consulta pública, durante la cual fueron remitidas más de 700 observaciones al Ministerio de Turismo.

“Esto evidencia un firme interés por construir una regulación adecuada y simplificada que contemple las necesidades del sector y no que responda de manera exclusiva a las pretensiones del sector hotelero”, expresaron.

Proponen registro digital simplificado

Entre las principales propuestas planteadas por “Mi Propiedad, Mi Derecho” figura la creación de un registro digital y simplificado ante el MITUR, cuyo proceso pueda completarse en aproximadamente cinco minutos, tomando como referencia las prácticas utilizadas por las plataformas digitales.

Asimismo, los propietarios consideran necesario garantizar el respeto a la propiedad privada, evitando que el Ministerio de Turismo asuma funciones de inspección dentro de viviendas, apartamentos o condominios.

También solicitan que el marco fiscal aplicable a las rentas cortas sea definido mediante legislación, con el objetivo de evitar interpretaciones que, a juicio del sector, puedan resultar arbitrarias o perjudiciales.

Piden transparencia sobre el proceso

Los representantes de la iniciativa manifestaron que, tras el retiro de la propuesta regulatoria del debate público por parte del MITUR el pasado mes de julio, desconocen cuál será el curso que seguirá el proceso.

Por esta razón, solicitaron a las autoridades ofrecer mayor transparencia y retomar el diálogo con los actores involucrados.

El sector sostiene que una regulación clara y equilibrada debe permitir el desarrollo sostenible de las rentas cortas y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los miles de propietarios y familias dominicanas vinculados a esta actividad económica.