Ariel Montoya
La declaración de Daniel Ortega de que en Nicaragua “jamás volverán a haber elecciones” está desatando consecuencias en su contra, desastrosas para el régimen; esta vez subió tan alto la parada que su avejentado y criminalizado ajedrez político terminará por hundirlo. Se le está yendo de las manos y sus supuestas acrobacias políticas, que le fueron útiles en otros tiempos, empiezan a abandonarlo, pues su pública confesión es la de un régimen que, sin tapujos ni más máscaras, rompe definitivamente con la democracia. No obstante, eso no pasará porque hay una oposición firme a sus designios y porque aún puede esperarse que algunas de las instituciones cooptadas por él, como el Ejército, jueguen un rol trascendental.
Con una sola frase, el mandamás de la dictadura dinástica dejó claro que ya no pretende gobernar mediante las escasas válvulas de tolerancia que le quedan, sino mediante un control absoluto. Ha dejado claro que renuncia a cualquier apariencia democrática para consolidar su tiranía.
Pero esta vez no se saldrá con las suyas, como ha venido haciéndolo siempre. Ya las fuerzas lo están traicionando, la soledad lo está acorralando y las expectativas de un relevo con capacidad de sortear esta crisis no aparecen.
El Ejército, que volvió a ser sandinista y partidario pese a los esfuerzos por volverlo profesional en la era de la transición (1990-2007), lo sabe. Sabe a ciencia cierta que esa decisión no solo contradice lo que queda de válido en la Constitución, sino que está consciente, además, de que desafía los principios de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la geopolítica determinada por Estados Unidos, la Unión Europea y la Alianza “Escudo de las Américas”, prontamente reforzada por Colombia y Perú. También lo saben los altos, medios y bajos mandos militares, así como las tropas.
Ningún régimen autoritario logra sostenerse únicamente por la fuerza. Todos llegan al momento en que las instituciones del Estado deben decidir si continúan siendo instrumentos de un proyecto personal de poder o recuperan su compromiso con la nación. Allá, en los cuarteles, algo de esto deberá estar siendo tema de conversación, pero también de preocupación, y es allí donde el Ejército enfrenta su mayor prueba de fuego.
La cúpula militar y la de la Policía Nacional han sido objeto de severos cuestionamientos internacionales por su actuación desde abril de 2018. Sin embargo, dentro de ambas instituciones existen oficiales, suboficiales y miembros de base que vienen directamente del mismísimo pueblo y que conocen el sufrimiento vivido.
En esta complicada realidad, el Ejército tiene incluso más que perder que la Policía. No solo está en juego su prestigio institucional, sino también las consecuencias que el creciente aislamiento internacional puede tener sobre sus relaciones exteriores y sus negocios (que son muchos). Existe, además, un patrimonio aún más valioso: el honor, ahora altamente cuestionado.
Esta restauración democrática no consistirá únicamente en celebrar nuevas elecciones, las que, de realizarse, deberán ser de relevancia nacional y estar rigurosamente supervisadas, y no como los amagos electoreros al mejor estilo de Fidel Castro o Hugo Chávez, enalteciendo como “pueblo” únicamente a sus seguidores y militancias. El pueblo somos todos.
El Ejército no está llamado a decidir quién debe gobernar Nicaragua, pero sí deberá decidir cómo quiere ser recordado por la historia: como una institución que acompañó el entierro de la democracia o como una que comprendió que ningún poder está por encima de la nación y que todavía puede contribuir a rescatarla.
Esta lucha por la restauración democrática ya comenzó. Cada vez se están visibilizando más los grupos opositores y no tardará en surgir, creativa y conspirativamente (para lo bueno), brotes de resistencia internos. Y dentro del Ejército, tanto quienes han sido señalados por abusos como aquellos que conservan principios de honestidad y amor patrio enfrentan, por igual, el juicio de la historia.
El autor es nicaragüense exiliado en EE. UU., columnista internacional. Secretario General del Partido Liberal Independiente (PLI-Internacional / PLI-Histórico).
