Surún analiza uso de recursos públicos en campañas electorales

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La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo realizó en Santo Domingo Este una jornada sobre investigación, procedimientos y régimen de consecuencias ante el eventual uso indebido de bienes y fondos estatales con fines electorales.

SANTO DOMINGO ESTE.- El jurista Miguel Surún Hernández dictó este sábado una conferencia sobre el uso de los recursos del Estado en campañas electorales, durante una jornada organizada por la Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la Fuerza del Pueblo en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este.

Bajo el tema “Uso de los recursos del Estado en campañas electorales: investigación, procedimiento y régimen de consecuencias”, Surún Hernández abordó los mecanismos jurídicos disponibles para investigar eventuales irregularidades, los procedimientos aplicables y las consecuencias que pueden derivarse del empleo indebido de bienes, fondos y estructuras públicas con propósitos político-electorales.

La actividad reunió a dirigentes políticos, abogados y miembros de las estructuras territoriales de la Fuerza del Pueblo, como parte del programa de formación jurídica desarrollado por la organización con miras al fortalecimiento de su capacidad de vigilancia y defensa electoral.

SAJ advierte sobre equidad electoral

En representación del doctor Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, participó el doctor Juan Rivera, miembro de la Dirección Central y presidente de la Comisión de Organización Territorial de la SAJ.

Rivera afirmó que la discusión sobre el uso de los recursos estatales adquiere especial importancia porque, a su juicio, la competencia electoral solo puede considerarse democrática cuando todos los actores están sometidos a reglas iguales.

“El Estado no puede convertirse en un comité de campaña financiado con el dinero de los ciudadanos. Los recursos públicos pertenecen al pueblo dominicano y utilizarlos para obtener ventajas electorales rompe la equidad, degrada las instituciones y afecta la legitimidad del proceso democrático”, declaró Rivera.

Preparan equipos para documentar posibles irregularidades

El dirigente jurídico sostuvo que la Fuerza del Pueblo trabaja en la preparación de sus equipos para documentar, denunciar y perseguir por las vías institucionales cualquier actuación que pueda vulnerar las normas electorales.

“No basta con denunciar políticamente. Hay que saber identificar la infracción, preservar las evidencias, sustentar jurídicamente cada caso y acudir a los organismos competentes. Esa es la responsabilidad que nos ha trazado el compañero Raúl Martínez desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos”, expresó.

Rivera agregó que el objetivo de la SAJ es construir una estructura jurídica territorial preparada para actuar antes, durante y después del proceso electoral.

“Donde aparezca una nómina pública utilizada para hacer campaña, un vehículo del Estado puesto al servicio de intereses partidarios o cualquier recurso de los contribuyentes empleado para inclinar la competencia electoral, tiene que existir un equipo jurídico preparado para investigar, documentar y reclamar consecuencias. El poder público no otorga licencia para apropiarse electoralmente del Estado”, enfatizó.

Jornada en Santo Domingo Este

La actividad incluyó palabras de bienvenida de Eduardo Duarte, vicesecretario de la SAJ y coordinador de los abogados de la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, y la salutación de Luis Hernández, presidente de la Fuerza del Pueblo en esa demarcación.

La estructura jurídica territorial está integrada por responsables de organización, capacitación jurídica, asuntos contencioso-electorales, derecho público, derecho privado, asuntos gremiales y otras áreas destinadas al trabajo jurídico y electoral.

La conferencia se realizó en el local de la Fuerza del Pueblo de la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este y concluyó con una sesión de preguntas y respuestas sobre los mecanismos legales e institucionales relacionados con el uso de recursos públicos durante los procesos electorales.

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