SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana puso en circulación su Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado al análisis de la decisión judicial que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso seguido a Jean Alain Rodríguez y compartes.
La presentación se realizó durante el Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, desarrollado como parte del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe (FEDACC III).
Durante el encuentro fueron debatidos los retos que plantea el nuevo Código Penal para la investigación y persecución de la corrupción, las sanciones, el decomiso de bienes, la prescripción y las garantías constitucionales.
El tiempo transcurrido no basta
El informe sostiene que el vencimiento del plazo máximo previsto por la ley no conduce automáticamente a la extinción de la acción penal.
Según Participación Ciudadana, los tribunales deben evaluar factores como la complejidad del expediente, la actividad procesal de las partes, la actuación de las autoridades judiciales y las circunstancias que hayan provocado retrasos.
El documento señala que durante la etapa preliminar del proceso se celebraron 99 audiencias, además de múltiples actuaciones posteriores ante diferentes tribunales.
Entre las causas de aplazamiento identifica reposiciones de plazos para garantizar el derecho de defensa, situaciones de salud, recusaciones, recursos, designaciones de defensas técnicas, fusiones de expedientes y otras incidencias procesales.
El tribunal consideró que, aunque el proceso superó el plazo legal establecido, no se comprobó una paralización injustificada atribuible a las autoridades judiciales que justificara su extinción.
Plazo razonable y debido proceso
Participación Ciudadana reconoció que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, pero entiende que esa garantía debe armonizarse con la complejidad de los expedientes y el ejercicio del derecho de defensa.
La organización sostiene que los procesos deben procurar llegar al conocimiento del fondo, permitiendo la presentación y valoración de las pruebas antes de que un tribunal determine la culpabilidad o inocencia de las personas procesadas.
También llamó a los órganos jurisdiccionales a establecer criterios consistentes y debidamente motivados sobre la aplicación del plazo razonable y la extinción de la acción penal.
Participación Ciudadana reiteró que continuará dando seguimiento a los principales procesos de corrupción administrativa que se conocen en los tribunales dominicanos.
