Por Lic. César Fragoso, asesor inmobiliario
Cuando se habla del crecimiento del sector construcción en la República Dominicana, casi siempre pensamos en las nuevas torres que transforman el paisaje urbano, en los modernos proyectos turísticos o en los miles de apartamentos que cada año salen al mercado. Sin embargo, pocas veces prestamos atención a un fenómeno que avanza silenciosamente y que representa uno de los mayores desafíos para nuestra economía: las obras paralizadas.
Los datos más recientes de la Encuesta Sectorial Construcción (Ensecon-2025) revelan una realidad que debe llamar la atención de todos. El Gran Santo Domingo continúa siendo el principal centro del desarrollo inmobiliario nacional, concentrando la mayor cantidad de proyectos y los precios más altos por metro cuadrado. Pero, al mismo tiempo, también concentra el 61.5 % de las obras paralizadas identificadas hasta el año 2024.
Ese dato, por sí solo, merece una profunda reflexión.
Cada proyecto detenido representa una inversión que deja de producir, una fuente de empleos que desaparece temporalmente, cientos de familias que deben esperar más tiempo para recibir su vivienda y un capital que permanece inmovilizado sin generar el impacto económico esperado.
La construcción constituye aproximadamente el 15 % del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y, actualmente, cerca del 96 % de las obras en ejecución corresponden a inversión privada. Esto significa que el dinamismo del sector depende, en gran medida, de la confianza de los inversionistas y de la capacidad financiera de los desarrolladores.
Cuando una obra se paraliza, no solamente pierde el constructor.
Pierde el banco que financia el proyecto. Pierde el comprador que planificó su mudanza. Pierden los suplidores de materiales. Pierden los trabajadores. Pierde el Estado al reducirse la actividad económica y disminuir la recaudación de impuestos.
Las razones que provocan la paralización de una obra pueden ser diversas. En algunos casos intervienen problemas de financiamiento; en otros, el incremento de los costos de construcción, las altas tasas de interés, retrasos en permisos, conflictos legales, disminución de las preventas o cambios en las condiciones del mercado.
También existen proyectos que fueron concebidos sin una adecuada planificación financiera, iniciándose con un nivel de capital insuficiente para soportar cualquier variación económica.
La experiencia demuestra que construir un edificio no consiste únicamente en levantar paredes. Requiere planificación, administración eficiente, estudios de mercado, disciplina financiera y una adecuada gestión de riesgos.
Por eso, considero que ha llegado el momento de que el país desarrolle un sistema permanente de seguimiento a los proyectos inmobiliarios de gran importancia, que permita identificar oportunamente aquellas obras que comienzan a presentar dificultades antes de que terminen completamente paralizadas.
Igualmente, resulta conveniente fortalecer la coordinación entre el Estado, las entidades financieras y los desarrolladores para facilitar mecanismos que permitan rescatar proyectos viables que atraviesen dificultades temporales, evitando pérdidas mayores para compradores e inversionistas.
De la misma manera, es necesario continuar modernizando los procesos de aprobación de permisos y reducir los tiempos de respuesta de las instituciones públicas, sin disminuir los niveles de supervisión y transparencia.
La República Dominicana posee uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del Caribe. Nuestro crecimiento turístico, el desarrollo de nuevas infraestructuras y el interés de inversionistas nacionales y extranjeros continúan generando excelentes oportunidades. Precisamente por eso debemos proteger ese crecimiento y evitar que un número importante de proyectos quede inconcluso.
Cada edificio terminado fortalece la confianza en el mercado.
Cada edificio paralizado produce el efecto contrario.
La diferencia entre ambos escenarios no depende únicamente del constructor. También depende de políticas públicas eficientes, financiamiento responsable, seguridad jurídica y una adecuada planificación empresarial.
Porque detrás de cada obra detenida no solamente existe una estructura de concreto.
Existen familias esperando su hogar, inversionistas confiando en el país, trabajadores que necesitan empleo y una economía que requiere que cada proyecto llegue hasta el final.
Quiero concluir con una reflexión para mis lectores:
¿Qué medidas considera usted que deberían adoptarse para reducir la cantidad de proyectos inmobiliarios paralizados en la República Dominicana y fortalecer la confianza de quienes invierten en nuestro mercado?
