El comunicador Elvin Castillo reconoció que la expansión de las plataformas digitales ha ampliado las posibilidades de participación ciudadana, pero también ha favorecido prácticas de desinformación y ataques contra la reputación de las personas.
Señaló que existen contenidos difundidos con fines económicos que pueden provocar daños personales y reputacionales, por lo que consideró necesario establecer mecanismos de protección.
No obstante, cuestionó que la respuesta a esas conductas dependa excesivamente de la vía penal y defendió la posibilidad de abordarlas mediante una legislación especial.
Castillo advirtió que actores políticos, empresariales o de otros sectores podrían recurrir a procedimientos penales para intimidar a periodistas, particularmente en escenarios de debilidad institucional.
Sostuvo que la investigación periodística profesional, respaldada por documentos, pruebas y contraste de fuentes, debe continuar desarrollándose sin presiones indebidas.
También indicó que algunos sectores del periodismo perciben las disposiciones penales como una amenaza, situación que, a su juicio, puede incentivar la autocensura.
El expositor pidió, además, mayor claridad sobre la responsabilidad que corresponde a las empresas de comunicación por las actuaciones de sus empleados y de quienes contratan o arriendan espacios en los medios.
En ese sentido, planteó la necesidad de precisar las obligaciones de supervisión y los límites de responsabilidad en cada modalidad de relación.
Jennifer Sepúlveda propone proteger el honor sin penas de prisión
Jennifer Sepúlveda sostuvo que la discusión jurídica debe concentrarse en determinar cuáles mecanismos resultan adecuados para proteger el honor y la reputación, tomando en consideración los demás derechos fundamentales involucrados.
La expositora defendió que las conductas de difamación e injuria puedan abordarse mediante la jurisdicción civil o, al menos, sin contemplar penas privativas de libertad.
También consideró necesario distinguir estas conductas de otras infracciones, como el chantaje y la extorsión, que presentan características diferentes.
«Nos bajaron las penas, o la pena, pero no nos quitaron la reja», expresó al cuestionar que se mantenga la posibilidad de encarcelamiento por delitos relacionados con la expresión.
Sepúlveda explicó que el efecto inhibidor de las disposiciones penales puede manifestarse de distintas maneras, desde preguntas que dejan de formularse hasta investigaciones periodísticas que permanecen archivadas por temor a consecuencias legales.
Asimismo, destacó la responsabilidad de los tribunales en la interpretación de las normas y la garantía de los derechos fundamentales.
«Un país donde se encarcela por hablar no es más honrado, es más callado», concluyó.
Kelvin Herrera plantea debatir las garantías frente a procesos penales
Durante la moderación, Kelvin Herrera llamó la atención sobre las consecuencias que puede generar el sometimiento de una persona a un proceso penal, incluso antes de que un tribunal determine si se cometió una infracción.
El moderador consideró necesario discutir las garantías aplicables en los casos relacionados con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Las intervenciones coincidieron en la conveniencia de ampliar los espacios de formación y análisis sobre el nuevo Código Penal, especialmente en lo relativo a la protección del honor, el alcance de la responsabilidad penal y las garantías constitucionales.
El panel formó parte del I Seminario Nacional ADOCCO y permitió exponer distintas preocupaciones sobre los desafíos jurídicos que enfrenta la comunicación en República Dominicana.
La discusión dejó planteada la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la reputación de las personas y el ejercicio de la libertad de expresión, sin comprometer la investigación periodística ni el derecho de la sociedad a recibir información de interés público.
Fuente: Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
