Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) valoró la entrada en vigencia de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, al considerar que representa un paso importante para la modernización del sistema de justicia penal y el fortalecimiento del marco jurídico destinado a prevenir y sancionar la corrupción administrativa.

La entidad sostuvo que la nueva legislación incorpora herramientas legales que amplían la capacidad del Estado para perseguir los delitos contra la administración pública, fortaleciendo la responsabilidad de funcionarios, servidores públicos y de las personas físicas y jurídicas vinculadas a actos de corrupción.

Entre los principales avances, ADOCCO resaltó el fortalecimiento de figuras penales como la corrupción pública, la concusión, el cohecho activo y pasivo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la sobrevaluación ilegal en las contrataciones públicas, la malversación de fondos y el peculado, acompañados de sanciones más severas, decomiso de bienes e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

La organización también destacó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al establecer que las empresas podrán responder penalmente cuando no implementen mecanismos adecuados de prevención y control. En ese sentido, consideró que los programas de compliance serán fundamentales para fortalecer la integridad corporativa y reducir riesgos legales.

Asimismo, valoró que el nuevo Código Penal incluya disposiciones destinadas a proteger la independencia de la administración pública y el correcto funcionamiento del sistema de justicia mediante la sanción de conductas como la intimidación contra funcionarios públicos y el ultraje en el ámbito jurisdiccional.

ADOCCO advirtió que la efectividad de estas disposiciones dependerá de una aplicación objetiva, independiente y respetuosa del debido proceso, así como del fortalecimiento de las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos contra la administración pública.

En ese contexto, reiteró su respaldo a la creación de una comisión técnica que evalúe la aplicación práctica del nuevo Código Penal, con el propósito de identificar oportunidades de mejora a partir de la experiencia obtenida durante su implementación.

Como parte de sus iniciativas de formación ciudadana, la organización anunció la celebración del I Seminario Nacional "Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción", previsto para septiembre de 2026 en Santo Domingo.

El encuentro reunirá a especialistas para analizar las principales innovaciones introducidas por la nueva legislación, con énfasis en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de cumplimiento normativo, la protección de la libertad de expresión y los nuevos mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción.

Finalmente, ADOCCO exhortó a las instituciones públicas, al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a conocer el contenido del nuevo Código Penal, al considerar que la transparencia, la integridad y el fortalecimiento del Estado de derecho requieren tanto de una legislación moderna como de instituciones sólidas y una ciudadanía comprometida.