Urge que Planeamiento Urbano cumpla con la ley y con sus responsabilidades

Fecha de publicación

Alfredo Cruz Polanco

alfredocruzpolanco@gmail.com

Estas reflexiones, de la autoría de este humilde ciudadano, fueron publicadas por este prestigioso medio de comunicación hace unos cuantos años, pero debido al incumplimiento de la ley, a la no aplicación de un régimen de consecuencias y al desorden imperante en el otorgamiento de los permisos correspondientes para la construcción de las obras y edificaciones, tanto públicas como privadas, en todos los municipios del país, he querido de nuevo tratar de llamar la atención a las autoridades municipales de todo el país sobre este importante tema, publicándolo de nuevo.

El artículo 126 de la Ley número 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, se refiere a que «en cada ayuntamiento habrá una oficina de Planeamiento Urbano, la cual tiene como objetivo central asistir técnicamente al ayuntamiento y a las comunidades en el diseño, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo del municipio, regular y gestionar el planeamiento urbanístico, uso de suelo y edificación en las áreas urbanas y rurales del territorio municipal».

En principio, dicha oficina es la que autoriza y emite los permisos para la construcción e instalación de las distintas obras, sean estas públicas o privadas. Lamentablemente, en la mayoría de los municipios de nuestro país, esta ley no se aplica en toda su dimensión, pues casi siempre primero se construyen las obras e infraestructuras y luego se procede a gestionar los permisos correspondientes, sin tomar en cuenta si las mismas proceden en ese lugar, si cumplen con las normas y requisitos legales, sociales, de medioambiente y si estas están a tono con el plan de desarrollo urbanístico del municipio.

Podemos observar la gran cantidad de obras construidas en lugares inadecuados, así como la ampliación y reconstrucción de edificaciones antiguas, las cuales, en su mayoría, carecen de los servicios y requerimientos urbanísticos, como es el área de estacionamiento, afectando al desenvolvimiento ciudadano y al orden institucional establecido. Lo peor de todo esto es que, a pesar de estas deficiencias y violaciones a la ley, la mayoría de las veces se conceden dichos permisos.

El hecho de que una institución oficial o alguien en particular desee construir una obra o desarrollar un determinado proyecto, este no se puede realizar sin antes investigar o asegurarse de que el mismo procede en ese lugar y cuáles condiciones y requisitos se deben cumplir, porque no se debe edificar donde se quiera, sino donde lo decida la Oficina de Planeamiento Urbano. Lo correcto es que antes de proceder a construir una obra se cuente con la autorización de dicha oficina.

Las siguientes edificaciones deben ser construidas guardando y respetando siempre una serie de rigores legales, urbanísticos, sociales, de medioambiente y de seguridad ciudadana, por lo que no deben ser autorizadas en cualquier lugar, pues reúnen características especiales que deben ser garantizadas a la ciudadanía:

Centros ferreteros, clínicas, hospitales, escuelas y colegios, iglesias, centros de administración de justicia, instalaciones deportivas, restaurantes, funerarias, cuarteles de bomberos, fortalezas, edificios de viviendas, supermercados, centros de diversión, estaciones distribuidoras de combustibles, edificios de oficinas públicas, mercados públicos y privados, industrias, lugares de expendio de bebidas alcohólicas, talleres de mecánica y de ebanistería, mataderos, hoteles y moteles; granjas, salas de cine, centros nocturnos, entre otras.

Sobre las urbanizaciones y residenciales que se construyan en los municipios, estas deben contar con todos los servicios y necesidades básicas requeridas, tales como: agua potable, calles asfaltadas, aceras y contenes, energía eléctrica, drenaje pluvial, alcantarillado, áreas verdes e institucionales, por lo que antes de proceder a su desarrollo deben contar, además del permiso de la Oficina de Planeamiento Urbano, con los permisos de la institución encargada del suministro del agua potable, de la energía eléctrica y del Medio Ambiente.

Son muchos los proyectos urbanísticos que son aprobados por las salas capitulares en la mayoría de los ayuntamientos del país que no cumplen con estas necesidades básicas, por lo que luego les son exigidas al gobierno de turno.

Aquí no se incluyen aquellas obras que fueron construidas muchos años antes de que se produjera el desarrollo urbano y el crecimiento poblacional de los municipios.

Si se cumple con esta ley, tendremos ciudades más organizadas, seguras, modernas y no estaríamos presenciando el caos que a diario se presenta en todas las grandes ciudades, por la falta de planificación, de parqueos y de espacios públicos.

Un hospital, una clínica, un colegio, un almacén de provisiones o supermercado; un lugar de esparcimiento, un estadio, entre otras tantas obras públicas y privadas, no deben ser construidos donde queramos, sino donde la Oficina de Planeamiento Urbano, luego de un profundo estudio sobre el crecimiento y el plan de desarrollo urbanístico, geográfico y sociológico del municipio, así lo recomiende y lo autorice.

Pero para que se pueda cumplir con estas disposiciones y exigencias, la Oficina de Planeamiento Urbano de cada alcaldía debe estar conformada por profesionales probos y expertos de la ingeniería y la arquitectura, no por personas improvisadas, que desconocen la importancia del rol que esta debe jugar. Esta no es una oficina cualquiera, como la consideran la mayoría de los alcaldes. Ojalá que estos tomen conciencia de ello. Que así sea.

El autor es contador público autorizado, máster en Relaciones Internacionales, exlegislador y exmiembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (2010-2016).

 

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Alfredo Cruz Polanco
Alfredo Cruz Polanco
Alfredo Cruz PolancoContador público autorizado, con maestría en Relaciones Internacionales. Cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, la diplomacia, la docencia universitaria y los organismos de fiscalización del Estado.Ha sido diputado al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, gobernador de la provincia de La Vega y miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.Es productor de programas de opinión en radio y televisión. Colabora con El Sol de Las Américas, donde publica artículos de opinión y análisis sobre política, economía, institucionalidad y asuntos de interés nacional e internacional.

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