Un préstamo público de US$100 millones del BID financia la ampliación del puerto de Manzanillo. El EIAS detalla riesgos para la pesca y propone medidas de apoyo y compensación, mientras el MOPC niega por escrito que se hayan identificado afectaciones al sector.
Por Frank Valenzuela
MANZANILLO, Montecristi. — El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denuncia que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante financiamiento público, costea la rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo, en Montecristi. El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) identifica posibles impactos sobre el sector pesquero, el medio ambiente y la comunidad, y contempla medidas de apoyo y compensación. Sin embargo, la Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPFRE), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), niega por escrito que se hayan identificado tales afectaciones.
Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER, solicitó al organismo ejecutor del MOPC, al amparo de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, respuestas a 35 preguntas. Según el análisis de la organización, las contestaciones presentan contradicciones frente al EIAS y a las medidas contempladas en el plan de gestión ambiental y social. El presente reportaje examina esas diferencias y los documentos que permitirían comprobar el cumplimiento de los compromisos.
Valenzuela sostiene que los mecanismos de rendición de cuentas del BID deben explicar cómo supervisa el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales asociadas al préstamo; qué información recibe sobre la ejecución de los programas P.13 y P.17; y qué mecanismos existen para comprobar que las medidas de apoyo llegan a los pescadores. También plantea que el Banco debe aclarar cómo se articula la evaluación del puerto con las presiones ambientales de los proyectos energéticos que operan en la misma bahía.
Un puerto financiado por el BID, bajo contrato de diseño y construcción
El Programa de Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo se financia mediante el préstamo BID n.º 5282/OC-DR y se ejecuta a través del Contrato n.º 194-2024, bajo la modalidad de diseño y construcción. La Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPFRE), adscrita al MOPC, está a cargo de su ejecución.
El BID aprobó la operación DR-L1141 el 9 de junio de 2021. El contrato de préstamo, por hasta US$100 millones, se firmó el 24 de junio de ese año, con la República Dominicana como prestataria. Se trata de recursos provenientes de deuda soberana y, por tanto, sujetos a las salvaguardias aplicables del Banco.
El contratista es Soletanche Bachy Colombia S.A.S. y la supervisión está a cargo del Consorcio PEYCO SEG Giménez Cuenca. La Licencia Ambiental n.º 0544-24, del 19 de abril de 2024, ampara un EIAS cuya revisión 01 data de enero de 2021. Según la respuesta del propio MOPC, el estudio no ha recibido actualizaciones formales posteriores.
La obra central contempla un muelle continuo de 200 metros de largo y 40 metros de ancho, compuesto por celdas circulares de tablestacas de acero y construido

Cinco meses para recibir una respuesta
La solicitud SIP-0DC9C919 fue presentada el 3 de junio de 2026 e incluyó 35 preguntas distribuidas en seis bloques temáticos. El artículo 8 de la Ley 200-04 establece un plazo de 15 días hábiles para responder, prorrogable por otros 10 días mediante comunicación previa y motivada. Según ese cómputo, el plazo ordinario y su eventual prórroga vencían a comienzos de julio.
La UEPFRE fechó su respuesta consolidada el 6 de octubre, 125 días después de recibida la solicitud, y ofreció «sus más atentas excusas» por la demora. La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OLAIP) la registró como recibida el 6 de noviembre y la remitió al solicitante el 10 de noviembre, mediante la carta CE-882-2026. Entre la presentación y la remisión transcurrieron 160 días.
Los documentos recibidos no mencionan una prórroga excepcional. Para CEBAMDER, la demora constituye un problema de transparencia: una solicitud de información ambiental tardó más de cuatro meses en llegar al solicitante, muy por encima del plazo legal ordinario. La determinación de las consecuencias jurídicas de ese retraso requiere, no obstante, revisar el expediente completo y las comunicaciones intercambiadas.
El EIAS identifica impactos sobre la pesca, el medioambiente y la comunidad
En relación con la pesca, el EIAS identifica el impacto 8.05, denominado «riesgo de impacto en la actividad pesquera», tanto en la fase de construcción como en la de operación. Entre los factores señalados figuran las obras marinas, la posible alteración de la calidad del agua, el aumento del tráfico de buques y la interferencia con las rutas de la pesca artesanal, además de los riesgos asociados a derrames y al agua de lastre.
CEBAMDER destaca que el estudio contempla riesgos desde la etapa de construcción. Sin embargo, en sus respuestas, la UEPFRE sitúa la eventual materialización de las afectaciones en una fase futura de operación. El EIAS califica la magnitud y la probabilidad del impacto como bajas, condicionadas al cumplimiento de las medidas previstas en el plan; esa valoración no equivale a afirmar que el riesgo no exista.
La bahía registra 16 especies de peces de interés comercial, según Bobea (1997), y 10 especies destinadas al consumo, de acuerdo con la información comunitaria citada por Cox y otros (2017). El estudio prevé posibles cambios en su abundancia asociados a una menor transparencia del agua. También reconoce que no dispone de un modelo oceanográfico con simulaciones del comportamiento del agua tras la construcción del nuevo muelle.
En materia ambiental, el EIAS reconoce la posible pérdida de fondos marinos y de organismos bentónicos, la presencia de corales amenazados en la bahía y eventuales efectos indirectos sobre los manglares de Estero Balsa. El programa P.09 señala que durante las obras se producirá suspensión de sedimentos.
En el ámbito comunitario, el estudio advierte que el nuevo muelle podría perjudicar el desarrollo del turismo comunitario en Pepillo Salcedo. Además, califica el impacto pesquero con importancia alta, aunque en otro apartado del capítulo 6 excluye la pesca del análisis de impactos acumulativos por considerarla de baja magnitud e importancia. Esa diferencia requiere una explicación técnica.
Las medidas de apoyo y compensación previstas en el propio estudio
El proyecto contempla medidas de apoyo a los pescadores. El programa P.13 del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en las páginas 436 y 437, incluye acciones como las siguientes:
- Apoyo a la comercialización del pescado.
- Infraestructura para su conservación, incluida una planta de hielo o un camión frigorífico.
- Programas de capacitación.
- Tecnificación de la flota pesquera.
- Otras medidas de apoyo, agrupadas en el documento bajo el término «Otros».
Estas medidas no son propuestas formuladas únicamente por CEBAMDER: están incorporadas en el PGAS del proyecto. El documento indica que se aplicarán independientemente de los resultados del monitoreo y establece expresamente: «MOPC y APORDOM implementarán en conjunto las medidas de apoyo a los pescadores artesanales».
El P.13 también contempla el seguimiento de los desembarques durante las obras, entrevistas trimestrales, el registro de pescadores y embarcaciones, y la elaboración de informes trimestrales que incluyan los resultados de las medidas de apoyo. Pese a que la construcción está en marcha bajo el Contrato n.º 194-2024, la respuesta del MOPC no precisa qué actividades se han ejecutado ni desde qué fecha.
Por su parte, el programa P.17 contempla compensaciones por servicios ambientales mediante pagos a comunidades pescadoras por pérdidas de ingresos en zonas de no pesca o durante vedas. El programa prevé su inicio en la fase de construcción. Estos compromisos constituyen una referencia documental para evaluar las respuestas del MOPC y el cumplimiento del PGAS.
El peso económico de la pesca en Manzanillo: RD$421.6 millones en 2021, según CODOPESCA
El EIAS cita un estudio de Cox y otros (2017), que entrevistó a 95 pescadores de Pepillo Salcedo. El documento señala que esa cifra aparentemente correspondía a la totalidad de quienes pescaban en la bahía. Por otra parte, la asociación Guardianes Marino de la Bahía de Manzanillo cuenta con 50 pescadores activos y hasta 80 miembros, según la información incorporada al reportaje. La diferencia entre ambas cifras y sus respectivos períodos de referencia debe precisarse para evitar que se interpreten como universos equivalentes.
La pesca artesanal de Pepillo Salcedo generó RD$421.6 millones en 2021, según las estadísticas del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA). Los ingresos atribuidos a la actividad ascendieron a RD$421,643,154 —unos US$7.53 millones—, con una producción de 1,693,346 kilogramos y un precio promedio de RD$249 por kilogramo.
Entre las partidas registradas, el pescado de primera categoría aportó RD$60,551,100; el de segunda, RD$132,252,960; el de tercera, RD$32,526,180; y el de cuarta, RD$10,901,280. La langosta sumó RD$70,954,740; otros pescados, RD$85,299,075; el lambí, RD$4,112,113; el pulpo, RD$1,381,000; la jaiba araña, RD$164,405; y el cangrejo sirica, RD$15,587.
El MOPC no acredita la ejecución de los compromisos del PGAS
Aunque el P.13 establece actividades de seguimiento durante la construcción, la respuesta del MOPC no aporta los registros de desembarques, los resultados de las entrevistas trimestrales, la caracterización de pescadores y embarcaciones ni los informes de seguimiento que permitirían conocer la evolución de la pesca artesanal.
La falta de esos documentos impide determinar si el programa está detenido, si se ejecuta parcialmente o si existen resultados que no fueron incluidos en la respuesta. Para despejar esa incertidumbre, el MOPC debe identificar los documentos disponibles y explicar cuáles actividades se han realizado, en qué fechas y con qué resultados.
El MOPC invoca las Normas de Desempeño del BID y sostiene que la clasificación ambiental del proyecto no genera, por sí sola, una obligación automática de compensación. Sin embargo, esa explicación no responde a la pregunta central: ¿qué medidas de monitoreo y apoyo previstas en los programas P.13 y P.17 se han ejecutado durante la construcción y cuáles han sido sus resultados?

La UEPFRE reconoce que no se han realizado pagos a los pescadores. No obstante, el cumplimiento ambiental no puede evaluarse únicamente a partir de la existencia o inexistencia de desembolsos. También deben verificarse las actividades de seguimiento, la identificación de impactos y la puesta en marcha de las medidas de apoyo previstas en el PGAS.
Contradicción 1: el MOPC niega afectaciones que el EIAS contempla
En las consultas 5, 8, 9, 10 y 17, el MOPC sostiene que no ha identificado afectaciones y que los impactos sobre el sector pesquero son prospectivos, propios de la futura operación del muelle y no de la construcción que se encuentra en ejecución.
Sin embargo, el EIAS identifica el impacto 8.05 tanto para la construcción como para la operación. Además, describe posibles alteraciones de la calidad del agua asociadas a las obras marinas. En concordancia con ese riesgo, el P.13 contempla el seguimiento de los desembarques durante la etapa de construcción.
La misma línea de respuesta aparece, según el análisis de CEBAMDER, en al menos doce consultas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 26 y 30. En la consulta 17 se afirma que durante la construcción «no se producen los eventos de afectación», mientras que en la consulta 30 se indica que no hubo notificaciones formales a los pescadores.
Valenzuela resume la contradicción en estos términos: «El ministerio que firma un estudio donde se admite el riesgo para la pesca responde por escrito que no hay afectación; no se compensa lo que se niega». CEBAMDER también cuestiona que el MOPC centre parte de sus respuestas en la vía de acceso y en Villa Raif, asuntos que, según la organización, no aparecen tratados en los capítulos 6 y 7 examinados.
Contradicción 2: el MOPC afirma que no existe un plan de compensación para los programas P.13 y P.17
El MOPC afirma que no hay un plan de compensación para los pescadores, que no registra pagos y que el instrumento se encuentra en formulación bajo la responsabilidad de APORDOM. También atribuye a esa entidad el levantamiento de información sobre las embarcaciones, según las consultas 11, 14, 15 y 17.
La respuesta a la consulta 14 reconoce que el plan no se encuentra en un «estado de formulación completa». La respuesta a la consulta 15 admite que no se registran «pagos ni compensaciones económicas» a los pescadores. Por su parte, en la consulta 16, la UEPFRE afirma que no ha recibido comunicación formal de APORDOM ni de los contratistas sobre pagos o acuerdos.
Sin embargo, el P.13 ya establece un programa, métodos de seguimiento, indicadores y reportes, y asigna responsabilidades conjuntas al MOPC y a APORDOM durante la construcción. CEBAMDER considera que remitir el asunto exclusivamente a APORDOM no explica cómo se está cumpliendo la responsabilidad compartida establecida en el PGAS.
El MOPC indica que existen informes de supervisión de Soletanche Bachy y de PEYCO, pero condiciona su entrega a una revisión previa. La respuesta tampoco precisa si se realizaron la caracterización inicial, los monitoreos de desembarques y los informes trimestrales. Sin esos documentos no es posible verificar el cumplimiento de las actividades previstas.
Contradicción 3: el análisis de los efectos acumulativos
En la consulta 27, el MOPC admite que el EIAS no contiene un análisis acumulativo de las inversiones energéticas y reconoce que el estudio es anterior a esas intervenciones. Aunque acepta la pertinencia actual de ese análisis, remite la responsabilidad al Ministerio de Medio Ambiente y a cada proyecto, pese a que el puerto cuenta con licencia ambiental desde 2024.
El MOPC también invoca las Normas de Desempeño del BID para sostener que la clasificación ambiental no configura, por sí sola, una obligación automática de compensación. El EIAS, por su parte, cita la Política Operativa 703 en relación con la identificación de impactos negativos y la definición de medidas de mitigación. Es necesario distinguir el alcance de cada instrumento y explicar cómo se aplican al caso.
La respuesta a la consulta 27 conserva la instrucción editorial «ELIMINAR EL cuarto. Eliminar este numeral». La presencia de esa indicación en el documento oficial plantea interrogantes sobre el proceso de revisión y control de calidad de la respuesta. El numeral siguiente remite la evaluación ambiental de las obras energéticas a otras entidades.
El BID financia también un proyecto energético que, según CEBAMDER, ha reducido en más de 90 % la pesca de la bahía
Además del financiamiento del puerto, el BID, mediante su ventanilla privada, participa en el proyecto energético Manzanillo Gas & Power, que incluye un muelle y una planta en las proximidades de la bahía.
CEBAMDER sostiene que, desde el inicio de esas obras, la capacidad de la pesca artesanal se ha reducido en más de un 90 %. El EIAS del puerto no evalúa ese posible impacto acumulado, mientras que la UEPFRE responde las 35 consultas sin presentar una evaluación conjunta de las intervenciones en la bahía.
Frank Valenzuela considera que esa omisión constituye una falla en la evaluación de las salvaguardias ambientales y sociales. A su juicio, el BID financia ambas infraestructuras, que comparten el espacio marino y costero. Por ello, CEBAMDER exige que el Banco explique por qué no se realizó una evaluación de los impactos acumulativos entre el puerto y el proyecto energético.
BID Invest registra un financiamiento de US$200 millones para Manzanillo Gas & Power, identificado como proyecto 14363-01, un complejo eléctrico de generación a gas natural. Las comunidades han llevado ese proyecto ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), que anunció un proceso de diálogo tripartito. Mientras tanto, el puerto, financiado mediante otra operación del Grupo BID, continúa sin una evaluación conjunta de los impactos acumulativos, según la documentación examinada por CEBAMDER.
CEBAMDER exige al BID hacer cumplir los compromisos que establece el estudio
CEBAMDER demanda la intervención del BID, como financiador del programa, para que verifique el cumplimiento del EIAS y del PGAS por parte del MOPC. El estudio invoca la Política Operativa 703 y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (2019), y aborda la protección de hábitats críticos y áreas protegidas próximas al proyecto.
En concreto, la organización exige que el Banco solicite: una certificación sobre el estado de ejecución del P.13, acompañada de los registros de desembarques y los informes trimestrales; información sobre las medidas de apoyo y compensación dirigidas a los pescadores de Manzanillo, con sus beneficiarios, presupuesto y calendario; y la actualización del EIAS para incorporar un análisis acumulativo que incluya los proyectos energéticos.
El MOPC responde que el BID no realiza pagos directamente a los beneficiarios finales y que esa responsabilidad corresponde al prestatario. CEBAMDER replica que la responsabilidad de supervisión del Banco debe incluir la verificación del cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del préstamo, entre ellos las medidas previstas en el P.17 para atender los impactos sobre la biota marina de la bahía.
Valenzuela contempla llevar estas contradicciones a los mecanismos de rendición de cuentas del BID, incluido el MICI, y solicitar a la UEPFRE información documentada sobre la ejecución del P.13. Mientras tanto, los pescadores de Guardianes Marino continúan saliendo a una bahía donde las obras avanzan y cuyo programa de apoyo y compensación, según la documentación entregada, no ha sido acreditado.
Anexo: matriz de contradicciones, consulta por consulta
Fuentes: respuesta consolidada de la UEPFRE (DUEP/1543/2026, del 6 de octubre de 2026), remitida por la OLAIP mediante la comunicación CE-882-2026 (10 de noviembre de 2026), y EIAS, revisión 01, capítulos 6 y 7. La solicitud SAIP 0DC9C919 fue recibida el 3 de junio de 2026; la respuesta fue remitida 160 días después. La UEPFRE fechó su contestación 125 días después de recibida la solicitud.
| Consulta | Respuesta del MOPC | Lo que establece el EIAS/PGAS | Contradicción o vacío |
|---|---|---|---|
| 1–4, 6–7 | Vía de acceso y Villa Raif: competencia del Viceministerio de Vías; la UEPFRE afirma que no dispone de planos, cambios ni expediente y remite al artículo 7 de la Ley 200-04. | El EIAS describe las carreteras de acceso como componente 2 del mismo programa, con evaluación ambiental y social específica. | La vía forma parte del programa financiado. El MOPC la separa para no responder sobre esos aspectos. Villa Raif no figura en los capítulos 6 y 7 examinados. |
| 5, 8, 9 | No se han identificado afectaciones; los impactos pesqueros se consideran prospectivos y asociados a la futura operación. | El impacto 8.05 contempla las fases de construcción y operación y tiene importancia alta; los programas P.04 y P.09 prevén cambios en la calidad del agua y suspensión de sedimentos durante las obras. | Diferencia entre las fases en que el EIAS identifica el riesgo y aquellas en que el MOPC sitúa una posible afectación. |
| 10 | No se entrega un listado nominal de afectados; se invocan la protección de datos personales y el artículo 17, literal k, de la Ley 200-04. | El P.13 dispone registrar pescadores y embarcaciones; la línea base cita 95 pescadores y una asociación de entre 50 y 80 miembros. | El estudio contiene datos de referencia sobre el universo pesquero, pero la respuesta no explica cómo se está realizando el registro previsto. |
| 11, 12, 14 | No hay plan por falta de un evento detonante; el instrumento estaría en formulación bajo APORDOM. | El P.13 está definido; asigna responsabilidades al MOPC y a APORDOM durante la construcción y contempla medidas de apoyo. | La respuesta atribuye el desarrollo del instrumento a APORDOM, sin aclarar cómo se cumple la responsabilidad compartida prevista en el PGAS. |
| 13, 15 | Se menciona un listado de embarcaciones de APORDOM sin nombres; la fecha y la metodología se atribuyen a esa entidad. También se alude a zonas de seguridad reservadas. | El P.13 exige caracterizar la flota y a los pescadores, y contempla informes trimestrales. | No se aportan los registros de desembarques, las entrevistas ni los informes del P.13. |
| 16, 21 | La UEPFRE afirma que no registra pagos; sobre APORDOM, contratistas, supervisores y BID, dice que no puede afirmar ni negar. | Los programas P.13 y P.17 asignan acciones al MOPC y a APORDOM. | La respuesta no identifica con claridad qué entidad ejecuta y supervisa cada actividad ni aporta documentación sobre su cumplimiento. |
| 17, 22 | Se sostiene que la categoría ambiental implica un nivel de gestión, no una compensación automática, y que el impacto aún no se ha producido. | El P.17 prevé impactos negativos sobre la biota marina y contempla medidas de compensación. | La respuesta no explica cómo concilia la ausencia de afectaciones identificadas con los impactos previstos en el estudio ni cómo se ejecuta el P.17. |
| 18–20 | Se afirma que el turismo no resulta afectado porque se concentra en Estero Balsa, fuera del área de intervención. | El EIAS señala un posible perjuicio al turismo comunitario por el muelle y efectos indirectos sobre Estero Balsa. | La respuesta no explica cómo descarta los efectos indirectos que contempla el estudio. |
| 23–25 | Se afirma que el programa no interviene manglares, lagunas ni cuerpos de agua y que no requiere permisos específicos. | El EIAS advierte posibles efectos indirectos relacionados con la calidad del agua y la hidrodinámica; también indica que el muelle actuará como rompeolas. | La respuesta se refiere a la intervención directa, pero no desarrolla los efectos indirectos identificados en el EIAS. |
| 26, 27 | No hay actualizaciones del EIAS ni análisis acumulativo con el sector energético. | La revisión 01 data de enero de 2021; el capítulo 6 afirma que no se identificaron otros proyectos y excluye la pesca del análisis acumulativo pese a calificar el impacto 8.05 con importancia alta. | Licencia ambiental de 2024 sustentada en un estudio cuya revisión es de 2021; además, existe una inconsistencia interna que requiere explicación. |
| 28 | Los informes de Soletanche Bachy y PEYCO existen, pero su entrega estaría sujeta a revisión previa. | El P.02 contempla el monitoreo de impactos sobre pescadores artesanales y el P.13 dispone informes trimestrales. | No se identifica qué información pesquera contienen los informes ni se aportan los resultados correspondientes. |
| 29–31 | Se afirma que las consultas públicas y el mecanismo de reclamaciones están activos y que no se han recibido quejas. | El P.03 exige personal dedicado, un comité de reclamaciones y difusión pública del mecanismo. | Debe comprobarse si el mecanismo fue difundido y funciona de acuerdo con las condiciones establecidas en el plan. |
| 32–34 | Se invoca una exención municipal con fundamento en el artículo 23 de la Ley 70-70 y se afirma que no se han realizado pagos al ayuntamiento. | No es posible contrastar este punto con los capítulos 6 y 7 examinados. | Pendiente de contraste con el texto legal y la documentación municipal aplicable. |
| 35 | Se indica que el empleo lo genera el contratista y que se entregará información consolidada y agregada. | El EIAS proyecta unos 200 trabajadores durante la obra. | La carta de remisión enumera una relación de empleos como anexo entregado, pero la respuesta a la consulta 35 difiere la información. Debe comprobarse el contenido del anexo. |
Fuentes documentales
MOPC, Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo: respuesta consolidada a la solicitud SIP-0DC9C919, comunicación DUEP/1543/2026, del 6 de octubre de 2026, remitida mediante carta de la OLAIP n.º CE-882-2026, del 10 de noviembre de 2026.
Estudio de Impacto Ambiental y Social del Programa de Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo: revisión 01, enero de 2021; capítulos 6 y 7; impacto 8.05 y programas P.09, P.13 y P.17.
Estudio ambiental de Manzanillo Gas & Power (MGP): tabla 6-130, página 546. Fuente estadística declarada: CODOPESCA, Statistical Data on Fishing in the Dominican Republic, 2021.
Oficina Nacional de Estadística (ONE) y CODOPESCA: I Censo Nacional Pesquero 2019.

