La organización reclama explicaciones sobre las actuaciones policiales y el respeto a los derechos fundamentales, mientras crecen los cuestionamientos por los fallecimientos durante operativos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Coalición de Organizaciones Sociales Podemos solicitó al Congreso Nacional interpelar al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ante la cantidad de personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos con agentes de la institución.
La organización, presidida por Silvia Soto, manifestó su preocupación por las actuaciones policiales que, a su juicio, podrían vulnerar derechos fundamentales y reclamó investigaciones transparentes sobre las circunstancias en que se producen estas muertes.
En un comunicado divulgado el viernes 13 de noviembre, Podemos sostuvo que el combate contra la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco constitucional y mediante políticas de prevención, fortalecimiento institucional y aplicación de la justicia.
Reportan al menos 116 fallecidos

La solicitud se produce en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal durante intervenciones policiales.
Un levantamiento publicado por Diario Libre el 9 de noviembre contabilizó al menos 116 personas fallecidas entre septiembre y noviembre de 2026 en hechos reportados como supuestos intercambios de disparos.
La cifra corresponde a un registro periodístico y no constituye un balance oficial consolidado de la Policía Nacional o del Ministerio Público.
Anteriormente, el mismo medio había documentado 107 fallecimientos durante septiembre y octubre, distribuidos en 55 casos en septiembre y 52 en octubre.
Estas cifras han motivado pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos, representantes religiosos, juristas y dirigentes políticos que solicitan investigaciones independientes.
Dos iniciativas legislativas sin resultados
El Congreso Nacional también ha recibido propuestas para que las autoridades expliquen las circunstancias de estas intervenciones.
El senador Antonio Taveras Guzmán depositó el 14 de octubre una iniciativa para convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director policial.
La propuesta busca conocer los criterios jurídicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los procedimientos de investigación cuando una intervención termina con la muerte de una persona.
Por otra parte, 34 diputados de oposición promovieron una iniciativa similar para solicitar explicaciones sobre presuntas actuaciones arbitrarias y posibles abusos policiales.
Según informaciones publicadas el 9 de noviembre, ambas iniciativas quedaron sin avanzar en el Congreso.
Reclaman respeto a la Constitución
La Coalición Podemos fundamentó su posición en diversas disposiciones constitucionales relacionadas con la protección de la vida, la dignidad humana y las garantías judiciales.
Entre ellas citó los artículos 37, 38, 42 y 69 de la Constitución dominicana, relativos al derecho a la vida, la dignidad, la integridad personal y el debido proceso.
La organización considera que las políticas de seguridad deben garantizar la protección de la ciudadanía sin sustituir las funciones de los tribunales de justicia.
Asimismo, reclamó que las autoridades rindan cuentas sobre los procedimientos empleados en los operativos que terminan con víctimas mortales.
Investigaciones y transparencia
Las muertes durante intervenciones policiales han generado cuestionamientos sobre la disponibilidad de información pública acerca de las investigaciones judiciales.
En octubre, Diario Libre informó que la Procuraduría General de la República no había suministrado estadísticas generales sobre las investigaciones abiertas, los agentes procesados y los resultados judiciales relacionados con estos acontecimientos.
La institución invocó restricciones vinculadas con la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales.
La ausencia de información consolidada dificulta establecer cuántos casos han sido investigados y cuáles han concluido con decisiones judiciales.
Debate sobre seguridad ciudadana
El debate ocurre en un contexto de preocupación por la delincuencia y la necesidad de fortalecer la seguridad pública.
Las autoridades policiales han defendido sus operativos contra personas señaladas por su presunta participación en hechos delictivos y han exhortado a quienes tienen asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
El director policial ha expresado anteriormente que se respetarán los derechos de las personas que se entreguen y que serán puestas a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, las organizaciones que cuestionan los fallecimientos consideran indispensable que las intervenciones con resultados mortales sean examinadas mediante investigaciones independientes.
Hasta el momento de elaboración de esta información, no se había localizado una respuesta oficial específica del director policial a la solicitud de interpelación formulada por la Coalición Podemos.
El reclamo coloca nuevamente en el debate nacional la necesidad de conciliar las operaciones de seguridad ciudadana con la protección de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas de las instituciones responsables.

