El jurista plantea crear una comisión congresual especializada en seguridad ciudadana y política criminal para actualizar la legislación y resolver dificultades en su aplicación.

Santo Domingo, República Dominicana. — El abogado y docente Miguel Valerio Jiminian consideró que el nuevo Código Penal dominicano constituye una herramienta importante para combatir la corrupción, pero advirtió que su efectividad dependerá de una interpretación jurídica adecuada y de la revisión permanente de sus disposiciones.

Durante su participación en el panel «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», celebrado en el marco del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), el jurista destacó los avances de la reforma, aunque identificó aspectos que deberán esclarecerse para garantizar su correcta aplicación.

La actividad se desarrolló el pasado 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, con la participación de juristas, representantes institucionales y profesionales vinculados al sistema de justicia.

Valerio sostuvo que la nueva legislación ofrece herramientas tanto para la persecución penal como para el ejercicio de la defensa, al establecer con mayor claridad las conductas sancionables.

Sin embargo, advirtió que la reforma no debe considerarse un proceso concluido, pues las transformaciones sociales y los problemas que surjan durante su aplicación harán necesarias futuras modificaciones.

En ese sentido, propuso la creación de una comisión del Congreso Nacional dedicada específicamente a seguridad ciudadana y política criminal, independiente de la Comisión de Justicia, para dar seguimiento a la legislación penal y promover las actualizaciones correspondientes.

Responsabilidad penal de funcionarios y particulares

Uno de los principales temas abordados por Valerio fue la responsabilidad derivada de los delitos de infracción de deber, particularmente aquellos relacionados con las obligaciones especiales que corresponden a los funcionarios públicos.

Explicó que, en estas infracciones, determinar la responsabilidad penal requiere examinar no solamente quién ejecutó materialmente una conducta, sino también cuáles eran los deberes inherentes al cargo y cómo fueron incumplidos.

El jurista señaló que uno de los desafíos será establecer cuáles obligaciones contempladas en otras normas del ordenamiento jurídico pueden utilizarse para fundamentar esa responsabilidad.

En particular, planteó la necesidad de analizar el alcance de leyes, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, tomando en consideración el principio de legalidad.

Asimismo, destacó que el nuevo Código Penal contempla con mayor claridad la participación de particulares en delitos de corrupción.

Según explicó, una persona que no tenga la condición de funcionario público también puede enfrentar responsabilidad penal por su intervención en estos hechos, conforme a las disposiciones que regulan las distintas formas de participación.

Advierte desafíos en la interpretación jurídica

Valerio cuestionó la organización de determinadas infracciones dentro del nuevo Código Penal, especialmente la agrupación de delitos de corrupción, abusos de autoridad contra particulares y conductas que afectan la administración de justicia.

A su juicio, los abusos cometidos por autoridades contra ciudadanos requieren un tratamiento que considere su dimensión vinculada a los derechos humanos.

También sostuvo que las infracciones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial merecen una organización diferenciada.

Otro de los asuntos examinados fue la coexistencia de disposiciones penales contempladas en el Código y en la legislación sobre compras y contrataciones públicas.

Valerio advirtió que esta relación normativa deberá analizarse cuidadosamente para determinar las disposiciones aplicables en cada caso y evitar conflictos de interpretación.

Respecto a la transversalidad de la corrupción, expuso que determinadas conductas podrían dar lugar a la concurrencia de infracciones, lo que también plantea interrogantes sobre la acumulación de penas.

Consideró necesario esclarecer estos aspectos para contribuir a una aplicación coherente de la legislación penal.

Respalda los acuerdos judiciales

Durante su intervención, el jurista reiteró su apoyo a los acuerdos judiciales como mecanismos que pueden contribuir al funcionamiento del sistema penal.

Explicó que una descripción más precisa de las conductas sancionables permite a los abogados defensores orientar adecuadamente a sus clientes sobre los hechos que se les atribuyen y las alternativas procesales disponibles.

Al finalizar su exposición, Valerio reconoció la labor desarrollada por ADOCCO y su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, en la promoción del debate jurídico y la vigilancia ciudadana frente a la corrupción.

El I Seminario Nacional ADOCCO reunió a especialistas y representantes de distintos sectores para examinar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión, la responsabilidad penal y la lucha contra la corrupción.