Por: Freddy P. Galarza
NUEVA YORK.– La activista comunitaria y dirigente política Mónica Zapata denunció el silencio que, según afirmó, mantienen los diputados de ultramar ante el anunciado embargo de los bienes de la sede de la Junta Central Electoral (JCE) en Nueva York.
Sostuvo que, ante esa situación, la comunidad dominicana se pregunta: “¿Dónde están nuestros diputados de ultramar?”. A seguidas manifestó que no se les está pidiendo que sustituyan a los tribunales ni que determinen quién tiene la razón en el conflicto entre la JCE y la empresa Latin Events.
Indicó que la Circunscripción 1 cuenta con tres representantes en la Cámara de Diputados: Kenia Bidó, Cirilo Moronta y Norberto Rodríguez Vásquez. Señaló que, por representar a los dominicanos residentes en el exterior, su papel incluye solicitar rendición de cuentas y fiscalizar las actuaciones de las instituciones del Estado.
“Representar a la diáspora no significa aparecer únicamente cuando hay cámaras, celebraciones o campañas electorales; significa también estar presente cuando hay problemas”, recalcó la también dirigente de Alianza País.
Zapata señaló que los dominicanos residentes en el exterior tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones que desembocaron en ese conflicto, qué consecuencias puede tener para los servicios de la JCE y qué medidas están tomando las autoridades dominicanas.
Recordó que el embargo de los bienes de la oficina de la JCE en Nueva York involucra una cifra que supera los US$838 mil, de acuerdo con informaciones publicadas sobre el proceso judicial, con una posible subasta anunciada para el 1 de octubre.
Precisó que el caso de la JCE debería servir para abrir un debate sobre qué mecanismos existen para fiscalizar desde el Congreso las decisiones administrativas y contractuales de las instituciones dominicanas cuando terminan teniendo consecuencias fuera del territorio nacional.
“La diáspora no puede ser vista únicamente como una comunidad que envía remesas, participa en elecciones y sostiene vínculos económicos y familiares con la República Dominicana. Tenemos derecho a exigirles rendición de cuentas durante los cuatro años de su mandato”, concluyó Mónica Zapata.
