Por: Amín Cruz

New York. — El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa, preocupados por la decisión de la Casa Blanca de excluir a CNN y MS NOW de la cobertura presencial del Gobierno estadounidense, consideran que esta situación ha provocado una de las expresiones de solidaridad más significativas entre los principales medios de comunicación de Estados Unidos en los últimos años y ha colocado nuevamente en el centro del debate nacional e internacional la libertad de prensa, el acceso de los periodistas a las instituciones públicas y los límites constitucionales del poder presidencial.

El 21 de septiembre de 2026, las principales cadenas de televisión que integran el sistema de cobertura conjunta de la Presidencia —ABC News, CBS News, CNN, Fox News y NBC News— anunciaron la suspensión temporal del denominado “television press pool”, mecanismo mediante el cual estas organizaciones se turnan para cubrir los desplazamientos y actividades presidenciales y comparten posteriormente las imágenes con otros medios de comunicación.

La decisión se produjo después de que el presidente Donald Trump prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, argumentando que esos medios difunden lo que calificó como “fake news”. Los tres medios rechazaron la medida y acudieron a los tribunales federales, sosteniendo que la actuación del Gobierno vulnera derechos protegidos por la Primera Enmienda y, en el caso planteado ante los tribunales, también garantías relacionadas con el debido proceso.

En una declaración conjunta, las cinco organizaciones que integran el sistema televisivo de cobertura presidencial señalaron que el público tiene un interés fundamental en recibir información exacta e independiente sobre su Gobierno y que ninguna administración debería excluir a una organización periodística simplemente porque discrepe de sus informaciones.

El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa levantan con mucho honor y gallardía la defensa de “la Primera Enmienda y la independencia de la prensa”, como medida de defensa de la libertad de expresión, derecho que establece mantener informada a la ciudadanía nacional. La controversia adquiere especial relevancia porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece, entre otras garantías, que el Congreso no podrá dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión o de prensa.

La cuestión jurídica que ahora deberá examinar la Justicia no consiste simplemente en determinar si una Casa Blanca puede establecer reglas de acceso a sus instalaciones. El debate central es si el Gobierno puede utilizar esas reglas para excluir o castigar a determinados medios debido al contenido de sus informaciones o a su posición editorial.

Precisamente, esa es una de las cuestiones planteadas por CNN, MS NOW y Politico en la demanda presentada contra la administración Trump. Expertos jurídicos han señalado que una restricción gubernamental basada en el desacuerdo con la cobertura periodística puede plantear serios problemas constitucionales relacionados con la libertad de prensa y la discriminación por punto de vista.

La propia Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha cuestionado la revocación de credenciales cuando esta se realiza de manera arbitraria o basada en el contenido de las informaciones.

Por esa razón, el debate no debe reducirse a determinar si un medio de comunicación es favorable o desfavorable al presidente. La cuestión fundamental es mucho más profunda: ¿puede una sociedad democrática garantizar que los ciudadanos conozcan lo que hace su Gobierno sin que el poder político controle quién puede preguntar, investigar y transmitir esa información?

Estamos viendo y viviendo un caso que vuelve a colocar bajo discusión, en un país considerado históricamente un referente de la libertad de prensa, los límites del poder gubernamental frente al ejercicio periodístico. El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa consideran que este es un precedente que trasciende en el mundo de la comunicación, como lo vemos con el caso de CNN. La discusión involucra un principio esencial de cualquier democracia: “el derecho de la sociedad a recibir información independiente sobre quienes ejercen el poder público”.

Cuando un periodista cubre la actividad de un presidente, su función no consiste en agradar al gobernante ni en actuar como portavoz de la administración. Su responsabilidad profesional es informar, preguntar, contrastar declaraciones, verificar datos y ofrecer al ciudadano elementos que le permitan conocer y comprender las decisiones de quienes gobiernan.

Por ello, la solidaridad expresada por ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN adquiere una dimensión institucional. Las cadenas pertenecen a empresas diferentes, tienen audiencias diferentes y mantienen posiciones editoriales que no siempre coinciden. Sin embargo, en este caso coincidieron en un principio común: “el acceso gubernamental a la prensa no debe convertirse en un mecanismo para premiar o castigar determinadas coberturas periodísticas”.

Las democracias no se fortalecen porque sus gobiernos nunca son cuestionados. Se fortalecen precisamente cuando las instituciones permiten que el poder sea interrogado, investigado y sometido al escrutinio público.

La libertad de prensa no pertenece a CNN, ABC, CBS, NBC, Fox News ni a ningún otro medio particular. Pertenece a la sociedad. Los medios son instrumentos mediante los cuales ese derecho se ejerce y se hace efectivo.

El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa hacen un llamado a defender el periodismo responsable, serio y ético. Ante esta situación, el periodismo internacional tiene la responsabilidad de reafirmar sus principios fundamentales: “verdad, verificación, independencia, ética, pluralidad, responsabilidad social y libertad de expresión”.

El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa felicitan la solidaridad demostrada por las principales cadenas televisivas estadounidenses, que constituye un acontecimiento de gran importancia para el debate sobre la relación entre los medios de comunicación y el poder político.

El episodio recuerda a periodistas, gobiernos y ciudadanos que la libertad de prensa no puede entenderse solamente como el derecho de los periodistas a publicar. También comprende el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, independiente y verificable.

Una democracia necesita gobiernos con capacidad para gobernar, pero también necesita periodistas con libertad para preguntar y ciudadanos con libertad para conocer.

“Sin prensa libre no existe una sociedad plenamente informada; y sin ciudadanos informados, la democracia pierde uno de sus instrumentos esenciales de control y participación pública”.

“La defensa de la libertad de prensa no significa defender a un medio por encima de otro; significa defender el principio de que ningún poder político debe tener la última palabra sobre aquello que la sociedad tiene derecho a conocer”.