Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

La corrupción administrativa no apareció en la República Dominicana al finalizar el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco en 1986. Tampoco desapareció con el proceso judicial que se le siguió ni puede atribuirse exclusivamente a un partido político o a una determinada etapa de nuestra historia.

El tema se debatió durante los doce años del presidente Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978; durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, desde 1978 hasta 1986; nuevamente bajo Balaguer, entre 1986 y 1996, y en todas las administraciones posteriores.

La corrupción ha sido denunciada bajo gobiernos reformistas, perredeístas y peledeístas. Ha cambiado de métodos, protagonistas y dimensiones, pero continúa siendo uno de los grandes problemas de la administración pública dominicana.

Por eso, al recordar el proceso seguido contra el doctor Jorge Blanco, debemos evitar la tentación de presentar aquel episodio como si hubiera sido el comienzo de la lucha dominicana por la moralidad pública.

El final del gobierno de Jorge Blanco

Jorge Blanco gobernó desde el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986. Durante su administración, el país atravesó una severa crisis económica, las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las dolorosas protestas populares de abril de 1984.

Cuando Joaquín Balaguer regresó al poder en agosto de 1986, distintos sectores comenzaron a reclamar investigaciones contra antiguos funcionarios. La principal acusación se relacionaba con operaciones de compras realizadas por las Fuerzas Armadas y con la supuesta adquisición de alimentos, uniformes y otros suministros a precios sobrevaluados.

El 7 de octubre de 1986, un grupo de abogados encabezado por el doctor Marino Vinicio Castillo presentó formalmente una denuncia-querella contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, el exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Manuel Antonio Cuervo Gómez, y otros antiguos funcionarios y particulares.

Aquella querella debe distinguirse del denominado Comité para la Moralidad Pública.

El comité fue promovido principalmente por el prestigioso jurista Jottín Cury Elías, antiguo amigo de Jorge Blanco que había roto políticamente con él. Su actuación pertenecía al terreno de la denuncia cívica, la presión moral y la formación de opinión pública.

El Comité para la Moralidad Pública no era un tribunal ni una dependencia del Estado. Tampoco fue el organismo que instruyó el expediente, ordenó la prisión o dictó sentencia contra el expresidente. Esas actuaciones correspondieron a los abogados querellantes, al Ministerio Público y a los tribunales.

Debo hacer aquí una precisión personal: yo no pertenecí al Comité para la Moralidad Pública ni participé en la querella judicial contra Salvador Jorge Blanco.

El gran debate del 30 de octubre de 1986

Sí tuve, sin embargo, una participación directa en otro acontecimiento importante de aquella época.

El jueves 30 de octubre de 1986, apenas 23 días después de la presentación de la querella, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana organizó en el Hotel Sheraton de Santo Domingo el encuentro-panel titulado:

“Corrupción gubernamental: posibilidades de control”.

Fui el moderador de ese debate.

En la fotografía del encuentro aparezco junto con varias de las personalidades participantes. Entre ellas se encontraban Jottín Cury y Marino Vinicio Castillo. También tuvieron intervenciones destacadas el expresidente Juan Bosch y don Rafael Herrera, director del periódico Listín Diario.

Aquel panel no fue una reunión del Comité para la Moralidad Pública ni una etapa del proceso contra Jorge Blanco. Fue un debate público, plural y profesional sobre las causas de la corrupción y los mecanismos necesarios para prevenirla, descubrirla y sancionarla.

Su propósito trascendía el expediente judicial que comenzaba a desarrollarse. El problema planteado no era solamente si determinados funcionarios del gobierno anterior habían cometido irregularidades. La verdadera pregunta era cómo impedir que la corrupción continuara reproduciéndose dentro del Estado dominicano.

Don Rafael Herrera explicó entonces que la corrupción gubernamental casi siempre tiene una contraparte en el sector privado.

El funcionario que recibe un soborno necesita a alguien dispuesto a pagarlo. El que concede ilegalmente un contrato, una exoneración o un privilegio actúa en beneficio de una persona, una empresa o un grupo de intereses. Por consiguiente, no se puede combatir la corrupción mirando solamente al funcionario público y dejando fuera al particular que la promueve, la financia o se beneficia de ella.

Herrera también amplió el concepto de prevaricación. No es necesario que un funcionario sustraiga directamente fondos del Estado. También puede prevaricar cuando presta un servicio de favor contrario a la ley, incumple deliberadamente las obligaciones de su cargo u omite actuar para proteger determinados intereses.

La corrupción no siempre se manifiesta mediante el robo material de dinero. Puede expresarse en el incumplimiento de la ley, el tráfico de influencias, el favoritismo, el encubrimiento y la utilización del poder público para beneficiar intereses particulares.

Juan Bosch, por su parte, relacionó el problema con el deterioro del sistema educativo dominicano.

Recordó que en 1954 había sido desmantelada la escuela hostosiana, en la cual se procuraba formar ciudadanos considerados, disciplinados, serios y honestos. Para Bosch, el abandono de esa formación moral había contribuido a que el país llegara a una etapa alarmante de corrupción.

En aquel encuentro de 1986 se miraba la corrupción con los dos ojos: uno dirigido al sector público y otro a su contraparte privada.

El proceso contra Jorge Blanco

El proceso judicial siguió su propio curso.

En diciembre de 1986 se le prohibió a Jorge Blanco salir del país. En abril de 1987 fue interrogado y se dictó una orden de prisión en su contra. Posteriormente intentó obtener asilo en la Embajada de Venezuela, pero el gobierno del presidente Jaime Lusinchi no aceptó su solicitud.

En mayo de 1987, después de sufrir una afección cardíaca, Jorge Blanco fue autorizado a viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico en Atlanta.

Mientras permanecía fuera del país, el expediente continuó. En noviembre de 1988 fue condenado en contumacia a veinte años de prisión y al pago de una elevada multa.

El 30 de noviembre de ese mismo año regresó voluntariamente a la República Dominicana, se presentó ante las autoridades y fue recluido en la cárcel preventiva de La Fe. Su presentación le permitió interponer un recurso de oposición contra la sentencia dictada en ausencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó una reclamación de sus representantes, quienes alegaban violaciones al debido proceso. La Comisión la declaró inadmisible en abril de 1989 porque todavía no se habían agotado los recursos de la jurisdicción dominicana.

Después de un nuevo y prolongado juicio, el 8 de agosto de 1991 Jorge Blanco fue condenado nuevamente a veinte años de prisión y al pago de aproximadamente 73 millones de pesos. Permaneció encarcelado durante un período relativamente breve y posteriormente obtuvo su libertad por razones de salud.

En mayo de 2001, la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia condenatoria. Meses después, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el Estado desistió de continuar la acusación.

Jorge Blanco sostuvo siempre que había sido víctima de una persecución política organizada por Joaquín Balaguer.

La historia debe registrar ambos aspectos: existieron graves acusaciones que dieron origen a un proceso judicial sin precedentes contra un expresidente dominicano, pero la condena fue finalmente anulada y nunca adquirió la condición de una decisión irrevocable.

La corrupción continuó bajo Balaguer

El sometimiento de Jorge Blanco no significó que el problema hubiera quedado resuelto.

Durante el gobierno de Balaguer iniciado en 1986 continuaron las denuncias, las sospechas y los debates sobre el manejo de los recursos públicos. Lo mismo había ocurrido durante sus doce años anteriores y volvería a suceder en las administraciones siguientes.

En ese contexto, el propio presidente Balaguer promulgó el 13 de septiembre de 1993 el Decreto número 246-93, publicado en la Gaceta Oficial número 9866.

El decreto encargaba a la Contraloría General de la República adoptar las medidas necesarias para que las irregularidades descubiertas mediante auditorías no solamente fueran conocidas y sancionadas por las autoridades competentes, sino que también fueran comunicadas a la opinión pública nacional.

Era un mandato inequívoco de transparencia.

Sin embargo, aquel decreto no fue ejecutado con la amplitud requerida. Las auditorías continuaron prácticamente encerradas dentro de la Contraloría. Pasaron diferentes titulares por la institución, pero no se estableció un sistema efectivo para dar a conocer sus resultados y hacer realidad lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

El país tenía auditorías, pero no necesariamente conocía sus conclusiones. Existían controles escritos, pero no siempre controles efectivos. Había disposiciones legales, pero persistía una enorme distancia entre el mandato formal y su aplicación.

Mi designación como contralor

A finales de enero de 1996, el presidente Joaquín Balaguer me solicitó que acudiera a su despacho en el Palacio Nacional.

Durante aquella conversación me propuso ocupar el cargo de contralor general de la República.

Acepté la responsabilidad y el lunes 5 de febrero de 1996 fui juramentado. Permanecí al frente de la Contraloría hasta el 19 de agosto de ese mismo año, cuando terminó el gobierno de Balaguer y comenzó el del presidente Leonel Fernández.

Llegué a la Contraloría diez años después de haber moderado el encuentro-panel del Hotel Sheraton.

No se trataba, por tanto, de un tema nuevo para mí. Durante años había participado, como periodista, escritor y ciudadano, en las discusiones nacionales sobre la corrupción, el control de los recursos públicos y la responsabilidad moral de los funcionarios.

Mi llegada a la institución representaba la oportunidad de trasladar aquellas preocupaciones del debate público a la acción administrativa.

Encontré una Contraloría que necesitaba recuperar su capacidad de fiscalización, organizar sus auditorías, fortalecer la supervisión permanente de los organismos del Estado y cumplir el Decreto 246-93.

También defendí la necesidad de crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción Administrativa, porque la Contraloría podía investigar y documentar irregularidades, pero el sometimiento penal correspondía al Ministerio Público y a los tribunales.

La función de la Contraloría era ejercer el control interno del Poder Ejecutivo. No debía confundirse con la Cámara de Cuentas, responsable del control externo de los recursos públicos.

Durante mi gestión procuré que la institución no permaneciera silenciosa ante los resultados de sus propias investigaciones.

En la Contraloría

Lo que realicé como contralor general está documentado en mi libro En la Contraloría, publicado formalmente en Santo Domingo en 1999 e impreso por la Editora Católica Amigo del Hogar.

El volumen tiene 320 páginas y un prólogo del doctor Julio Hazim.

No se trata de recuerdos reconstruidos muchos años después. El libro contiene documentos, auditorías, comunicaciones oficiales, declaraciones públicas y testimonios correspondientes a mi paso por la institución.

Allí expuse las condiciones en que encontré la Contraloría, las investigaciones emprendidas, las irregularidades detectadas y las medidas que procuré aplicar para fortalecer el control interno del Estado.

También reproduje el Decreto 246-93 del 13 de septiembre de 1993, que debía servir como fundamento para abrir a la opinión pública los resultados de las auditorías.

Julio Hazim señaló en el prólogo que el libro abría las puertas de los archivos de mi gestión. Añadió que no solamente ofrecía detalles sobre escándalos de corrupción pública, sino que también describía los objetivos, las funciones y las tareas pendientes de la institución.

Mi gestión fue breve: desde el 5 de febrero hasta el 19 de agosto de 1996. Pero quedó respaldada por documentos publicados. En la Contraloría constituye, por eso, una fuente primaria para estudiar aquel período y la evolución del control interno en la República Dominicana.

Un problema del sistema

El mayor error sería utilizar la corrupción únicamente como arma contra el adversario político.

Cuando se encuentra en la oposición, cada partido denuncia los abusos del gobierno. Cuando llega al poder, tiende a olvidar parte de sus antiguas denuncias o a considerar que las críticas responden a una conspiración de sus enemigos.

Así se ha repetido el ciclo durante décadas.

La corrupción dominicana no puede explicarse solamente por la falta de leyes. Hemos tenido decretos, auditorías, comisiones, debates, sometimientos y promesas de transparencia.

El problema ha sido la aplicación desigual de las normas, la debilidad de los controles, la dependencia política de las instituciones y la facilidad con que las auditorías pueden archivarse cuando afectan intereses poderosos.

Tampoco puede combatirse persiguiendo exclusivamente al funcionario público. Es necesario investigar a los particulares, empresarios, intermediarios y beneficiarios que participan en la operación corrupta.

La lección del debate celebrado el 30 de octubre de 1986 conserva plena vigencia: la corrupción gubernamental posee una contraparte privada y debe ser enfrentada con instituciones capaces de mirar en ambas direcciones.

Entre aquel panel, el Decreto 246-93, mi gestión de 1996 y la publicación de En la Contraloría existe una misma línea de continuidad.

La corrupción siempre se ha debatido en la República Dominicana. Lo que ha faltado, con demasiada frecuencia, es convertir el debate, las auditorías y los mandatos legales en consecuencias efectivas.

Porque la verdadera transparencia no consiste en anunciar investigaciones.

Consiste en terminarlas, publicar sus resultados, garantizar el derecho de defensa y aplicar la ley sin importar el partido, el apellido, la posición económica o la cercanía con el poder.