San Cristóbal, RD.– El presidente de la Fundación Vida en Abundancia para la Defensa de los Recursos Naturales, Emmanuel Solano, calificó de positivo el Decreto 615-26, emitido por el presidente Luis Abinader, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental.

Solano solicitó, además, apoyo técnico y económico, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la prevención y conservación del medio ambiente.

El dirigente ambiental sostuvo que las asociaciones de caficultores y agricultores, el núcleo que agrupa a estas entidades, las fundaciones Vida en Abundancia y Plan Forestal Mucha Agua han denunciado en varias ocasiones agresiones deliberadas contra las áreas de influencia de las presas Jigüey-Aguacate.

Consideró que el cumplimiento del decreto, junto con las disposiciones del nuevo Código Penal, que contempla penas de 20 a 30 años para determinadas infracciones ambientales, contribuirá a enfrentar con mayor firmeza a quienes atenten contra los recursos naturales.

Solano afirmó que la disposición llega en un momento oportuno, debido a los efectos de la sequía que ha afectado al país, y planteó que las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a socializar las nuevas disposiciones y desarrollar programas de prevención y educación ambiental.

En ese sentido, propuso facilitar plantas y semillas, crear brigadas y otorgar préstamos a bajos intereses o a tasa cero a los productores, con el propósito de impulsar una agricultura sostenible y eliminar prácticas que afectan los recursos naturales.

Pide acciones contra delitos ambientales

El presidente de la Fundación Vida en Abundancia saludó la decisión del presidente Luis Abinader y manifestó su preocupación por las acciones que, según afirmó, ciudadanos nacionales y extranjeros estarían cometiendo contra áreas protegidas y otros recursos naturales.

Señaló que la desaparición o el deterioro sistemático de parques nacionales y complejos hidroeléctricos justifican, a su juicio, acciones firmes contra quienes incurran en delitos ambientales.

Solano solicitó al mandatario que, a través de los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, se coordinen acciones no solo para perseguir a los infractores, sino también para apoyar los programas preventivos de las organizaciones ambientales.

Consideró necesario dotar de logística a las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas educativos destinados a reducir las prácticas que afectan los recursos naturales y amenazan el desarrollo sostenible del país.

Alertan sobre incendios y fuentes de agua

El dirigente ambiental indicó que varios incendios registrados en las zonas de influencia de las presas Jigüey-Aguacate y en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, según sus denuncias, estarían relacionados con actividades ilícitas.

Afirmó que estas acciones no solo afectan la flora y la fauna, sino también los yacimientos de agua, la seguridad alimentaria y las posibilidades de desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Argumentó que el Decreto 615-26, junto con las disposiciones de la Constitución y el nuevo Código Penal, establece un marco que debe contribuir a evitar que quienes atenten contra las áreas protegidas queden sin consecuencias legales.

Finalmente, Solano reiteró su llamado al presidente Luis Abinader para que, a través de EGEHID, los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones públicas, se otorgue el respaldo necesario a las ONG que trabajan en la protección y preservación del medio ambiente, particularmente en las áreas de influencia de las presas hidroeléctricas del país.