SANTO DOMINGO.– El jurista y diplomático Olivo Rodríguez Huertas afirmó que no se debe imponer al presidente Luis Abinader ni al Consejo Nacional de la Magistratura la obligación de escoger necesariamente a un juez de carrera para presidir la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Consejo del Poder Judicial.

Rodríguez Huertas reconoció que dentro de la alta corte existen magistrados con las condiciones y preparación necesarias para asumir esa responsabilidad, pero sostuvo que también hay juristas externos a la carrera judicial con las competencias profesionales y personales para dirigir el Poder Judicial.

Recordó el proceso de transformación experimentado por la Suprema Corte a partir de 1997, cuando Jorge Subero Isa, quien no provenía de la carrera judicial, presidió la institución durante más de una década junto a un grupo de reconocidos juristas.

A su juicio, aquella experiencia demuestra que la presidencia de la Suprema Corte no tiene que recaer necesariamente en un juez de carrera.

“No debemos sorprendernos ni hacer mucha oposición al hecho de que el presidente de la República escoja un jurista para presidir la Suprema Corte y no seleccionarlo necesariamente de los jueces pertenecientes a la carrera judicial”, expresó.

Defiende libertad de elección

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, el jurista recordó que históricamente los presidentes de la Suprema Corte han sido escogidos a partir del liderazgo ejercido por el presidente de la República dentro del Consejo Nacional de la Magistratura.

Rodríguez Huertas citó los casos de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina y consideró que tampoco sería justo pretender imponerle al presidente Luis Abinader una “camisa de fuerza” para determinar que el próximo presidente de la Suprema deba ser obligatoriamente un juez de carrera.

Asimismo, señaló que la legislación establece una composición en la que el 75 % de los jueces de la Suprema Corte deben provenir de la carrera judicial, mientras que el porcentaje restante puede corresponder a profesionales provenientes de otros ámbitos.

El abogado destacó además las gestiones realizadas por los expresidentes de la Suprema Corte Mariano Germán Mejía y Luis Henry Molina.

Explicó que quien preside la Suprema Corte no solamente ejerce funciones jurisdiccionales, sino que también tiene responsabilidades de gestión y administración al frente del Consejo del Poder Judicial.

Destaca a Fernando Langa

Rodríguez Huertas también valoró las condiciones profesionales y personales del jurista Fernando Langa, a quien mencionó entre las personas que podrían ser consideradas para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

“Ha sido un abogado en ejercicio de toda la vida, pero además es un académico muy preocupado por los temas educativos y ha jugado papeles relevantes en la Iglesia católica”, destacó.

Afirmó que Langa posee una trayectoria profesional y personal que, a su entender, lo avalaría para desempeñar la función y resaltó sus capacidades organizativas.

Rodríguez Huertas también pidió evitar presiones durante el proceso de selección y confiar en el criterio del presidente Abinader y del Consejo Nacional de la Magistratura.

Valora nuevo Código Penal

Durante la entrevista, el jurista también se refirió al nuevo Código Penal dominicano, cuya aplicación considera que no debería generar dificultades importantes para abogados, jueces y fiscales.

Explicó que la nueva legislación conserva una importante influencia de la tradición jurídico-francesa, pero incorpora nuevas tipificaciones relacionadas con transformaciones sociales y tecnológicas que no estaban contempladas en el antiguo Código Penal.

Rodríguez Huertas sostuvo que los actores del sistema judicial cuentan con las herramientas doctrinales y jurisprudenciales necesarias para asumir esos cambios.

Como referencia, citó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que representó una transformación significativa respecto al antiguo Código de Procedimiento Criminal y cuya aplicación, según afirmó, no produjo situaciones traumáticas para el sistema de justicia.