La organización pide determinar si existe un esquema mediante el cual productos destinados formalmente al mercado haitiano terminan comercializándose en República Dominicana sin el pago de los impuestos correspondientes.

Santo Domingo, D. N.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) expresó su preocupación ante denuncias sobre mercancías declaradas con destino hacia la República de Haití que presuntamente no completan su salida del territorio nacional y terminan siendo comercializadas en el mercado dominicano sin el correspondiente pago de las obligaciones tributarias.

ADOCCO considera que la gravedad de las informaciones divulgadas amerita una investigación inmediata, exhaustiva y coordinada por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio Público y los demás organismos competentes.

Según las informaciones citadas por la organización, comerciantes y exportadores habrían comprobado que determinadas mercancías declaradas con destino hacia Haití son descargadas en naves y almacenes tanto en Santo Domingo como en las inmediaciones de la frontera dominico-haitiana, para posteriormente ser comercializadas en territorio dominicano sin completar el proceso correspondiente.

Para ADOCCO, de comprobarse estas prácticas, no se trataría únicamente de irregularidades administrativas, sino de hechos con posibles implicaciones tributarias, aduaneras y penales, cuya magnitud económica debería ser determinada mediante una auditoría integral.

ADOCCO pide reconstruir la ruta de las mercancías

La organización considera indispensable establecer mecanismos de trazabilidad que permitan determinar, operación por operación, cuáles mercancías fueron declaradas para exportación o tránsito hacia Haití, cuáles efectivamente cruzaron la frontera y cuáles eventualmente permanecieron o retornaron al mercado dominicano.

Las exportaciones hacia Haití cuentan con un tratamiento fiscal específico. ADOCCO señala que la normativa tributaria contempla comprobantes para exportaciones, una tasa de 0 % de ITBIS y documentación aduanera que debe respaldar la salida de las mercancías.

Por esa razón, considera que comprobar el destino efectivo de los productos resulta fundamental para determinar la legitimidad del tratamiento fiscal recibido.

La organización recordó que los riesgos relacionados con mercancías destinadas a Haití que posteriormente pudieran ser comercializadas en territorio dominicano han sido objeto de mecanismos de control por parte de las autoridades tributarias y aduaneras.

Perjuicio económico debe ser cuantificado

ADOCCO entiende que las autoridades deben establecer la magnitud económica de las operaciones denunciadas y determinar cuánto habría dejado de percibir el Estado dominicano en caso de comprobarse evasión tributaria.

Advirtió que cualquier esquema mediante el cual mercancías reciban un tratamiento fiscal correspondiente a operaciones destinadas al exterior, pero finalmente sean introducidas al mercado interno sin satisfacer los tributos aplicables, produciría una doble afectación: perjudicaría las recaudaciones públicas y generaría competencia desleal frente a comerciantes y empresas que cumplen regularmente sus obligaciones fiscales.

La organización sostiene que, dependiendo de los hechos que pudieran comprobarse, podrían existir infracciones tributarias, aduaneras o incluso responsabilidades penales, cuya determinación corresponde a las autoridades competentes.

Investigar posibles niveles de complicidad

ADOCCO considera que una eventual investigación no debería limitarse a determinar quiénes son los propietarios, exportadores o comercializadores de las mercancías.

También debería establecer cómo se desarrollaron las operaciones, qué controles fueron aplicados, quién certificó cada etapa del proceso y si existió participación, tolerancia, omisión deliberada o complicidad de funcionarios públicos o particulares que hubiese permitido la eventual desviación de mercancías hacia el mercado nacional.

La organización entiende que las autoridades disponen de herramientas tecnológicas para realizar cruces entre declaraciones aduaneras, comprobantes fiscales, manifiestos de carga, empresas exportadoras, transportistas, mercancías despachadas y registros de salida por los puntos fronterizos.

ADOCCO reclama auditoría especial

ADOCCO propone realizar una auditoría especial de las operaciones declaradas con destino hacia Haití durante un período suficientemente representativo, priorizando mercancías de alto valor fiscal y operaciones efectuadas de manera recurrente.

La auditoría, según la organización, debería determinar:

• Volumen y valor de las mercancías declaradas.
• Impuestos dejados de percibir, si los hubiere.
• Empresas y personas participantes en las operaciones.
• Evidencia efectiva de salida del territorio dominicano.
• Trazabilidad desde el origen hasta el cruce fronterizo.
• Eventuales beneficiarios económicos.
• Participación u omisión de funcionarios.
• Posibles patrones repetitivos que permitan determinar si se trata de hechos aislados o de un esquema organizado.

ADOCCO entiende que no basta con investigar determinados cargamentos. Si existen indicios razonables de una práctica reiterada, considera necesario reconstruir retrospectivamente las operaciones para establecer su verdadera dimensión económica.

“Si mercancías que reciben tratamiento fiscal por estar destinadas a Haití terminan siendo comercializadas en República Dominicana sin pagar los impuestos correspondientes, el Estado y los contribuyentes cumplidores estarían siendo perjudicados. Corresponde a las autoridades determinar si estamos ante hechos aislados o frente a un mecanismo sistemático de defraudación fiscal”.

Finalmente, ADOCCO reiteró que la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal requiere trazabilidad, intercambio de información entre las instituciones y consecuencias efectivas cuando se comprueben violaciones a la ley.

La organización anunció que dará seguimiento a las investigaciones y actuaciones que realicen las autoridades competentes sobre las denuncias divulgadas y que, de comprobarse irregularidades, procederá judicialmente contra los responsables.