Sostuvieron que los expedientes sobre la presunta estafa inmobiliaria han atravesado sucesivos aplazamientos, recursos e incidencias que han impedido alcanzar decisiones dentro de plazos razonables.

SANTO DOMINGO, RD.- Un grupo de adquirientes que realizó pagos anticipados por apartamentos del proyecto Torre Bello Horizonte, en el Distrito Nacional, y asegura que nunca recibió las unidades seleccionadas, expresó preocupación por la prolongación del proceso judicial iniciado para procurar el esclarecimiento de los hechos y la protección de sus derechos.

Los afectados indicaron que han transcurrido más de cinco años desde la presentación de las querellas en 2021, sin que el conflicto haya sido conocido y decidido en el fondo.

Durante ese período, explicaron, han acudido a las instancias correspondientes, aportado documentos y cumplido con los distintos requerimientos procesales.

Sin embargo, sostuvieron que los expedientes han atravesado sucesivos aplazamientos, recursos e incidencias que han impedido alcanzar una decisión dentro de un plazo razonable.

El grupo de denunciantes está compuesto por José Enrique Yáber Hernández, José Manuel Santana Arias, Julio Nicolás Rodríguez Martínez, Carlos E. Fernández y Juan Heriberto Pérez Arboleda.

“La prolongación del proceso no solo aumenta la incertidumbre y el perjuicio de quienes entregamos nuestros recursos confiando en recibir una vivienda. La duración y la accidentada trayectoria procesal del expediente también generan un temor razonable de que, en medio de las dilaciones, puedan activarse intereses dirigidos a influir indebidamente en el curso judicial o a impedir que los hechos sean esclarecidos”, manifestaron.

Reclaman garantías institucionales

Los adquirientes reclamaron garantías institucionales que aseguren el conocimiento independiente, transparente y oportuno del expediente frente a cualquier posible intento de interferencia.

Aclararon que no solicitan privilegios, decisiones anticipadas ni una condena mediática. Su reclamo, precisaron, consiste en que el proceso avance, las partes puedan presentar sus argumentos y pruebas y el tribunal adopte una decisión sobre el fondo conforme al derecho y al debido proceso.

Los afectados afirmaron que, además de las pérdidas económicas y las consecuencias personales y familiares derivadas de no recibir los inmuebles por los cuales pagaron, han debido afrontar un prolongado recorrido judicial cuya duración, consideran, amenaza con convertirse en una segunda forma de perjuicio.

“Confiamos en las instituciones del sistema de justicia, pero esa confianza necesita estar respaldada por actuaciones oportunas, transparentes e independientes”, expresaron.

Consideraron que la justicia no solo debe producir una decisión correcta, sino hacerlo dentro de un plazo razonable, sin permitir que las dilaciones vacíen de contenido los derechos de las personas afectadas.

Por esta razón, solicitaron a las autoridades judiciales competentes adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos retrasos injustificados, preservar la integridad del expediente y garantizar que el caso sea finalmente conocido en el fondo.

“Después de más de cinco años de espera, reiteramos una petición elemental: que se nos permita acceder a una justicia efectiva. Cuando un proceso se prolonga indefinidamente, la espera deja de ser una simple demora y comienza a percibirse como una forma de denegación de justicia”, concluyeron.