Santo Domingo, D. N.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) manifestó su rechazo a la decisión del Consejo del Poder Judicial de aprobar un incremento en las remuneraciones y beneficios de sus integrantes durante el período para el cual fueron designados, al considerar que la medida podría ser incompatible con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución de la República.

La entidad recordó que dicha disposición constitucional prohíbe a las instituciones públicas y entidades autónomas que administran fondos públicos aprobar incrementos de remuneraciones o beneficios para sus incumbentes o directivos durante el mismo período para el que fueron electos o designados, estableciendo que cualquier aumento solo puede aplicarse para un período posterior.

ADOCCO sostuvo que este principio constituye una garantía de transparencia, ética pública y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, al impedir que los funcionarios adopten decisiones que les generen beneficios económicos mientras ejercen sus funciones.

Asimismo, afirmó que la prohibición contenida en el artículo 140 posee rango constitucional y no admite excepciones derivadas de disposiciones administrativas o reglamentarias, por lo que todas las instituciones públicas están obligadas a respetarla.

En ese contexto, la organización exhortó al Consejo del Poder Judicial a revisar la decisión adoptada y dejarla sin efecto, alegando que el principio de supremacía constitucional obliga a todas las autoridades a ajustar sus actuaciones al texto y al espíritu de la Carta Magna.

ADOCCO también advirtió que, de mantenerse vigente una decisión que resulte contraria a la Constitución, corresponderá a los órganos competentes determinar las responsabilidades constitucionales y legales que pudieran derivarse, conforme a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.

La entidad señaló que el fortalecimiento de la independencia judicial debe ir acompañado del estricto cumplimiento de la Constitución, la legalidad y los principios de rendición de cuentas, al considerar que la confianza ciudadana en las instituciones depende del respeto ejemplar a las normas por parte de quienes las administran.

Finalmente, ADOCCO reiteró su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, al tiempo que llamó a todas las instituciones del Estado a observar rigurosamente los límites y principios establecidos en la Constitución de la República.