SANTO DOMINGO.– El abogado y sociólogo Víctor Mateo Vásquez advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano tendrá un impacto directo sobre el sistema penitenciario nacional, lo que, a su juicio, obligará al Estado a ampliar su capacidad mediante la construcción de nuevas cárceles.

Durante una entrevista en el programa A Diario, que se transmite por Space 89.3 FM del Grupo RCC Media, el jurista sostuvo que el período de vacatio legis debió aprovecharse para educar a la ciudadanía sobre el contenido de la nueva legislación y no para introducir modificaciones impulsadas por distintos sectores.

Mateo Vásquez criticó que gran parte de la población desconozca el alcance de la normativa aprobada el 3 de agosto de 2025, pese a que instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial desarrollaron procesos de capacitación dirigidos a parte de su personal.

"El vacatio legis no es para estar haciendo modificaciones. Los mismos legisladores comentan que es para eso y no es así", expresó.

No obstante, manifestó confianza en el trabajo de la comisión encargada de revisar el texto legal y destacó la participación de Milton Ray Guevara, de quien afirmó que garantizará un proceso serio y ordenado.

Empresas deberán fortalecer sus programas de cumplimiento

El especialista también llamó la atención sobre uno de los cambios más relevantes del nuevo Código Penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya aplicación entrará en vigor tres meses después de la publicación de las modificaciones.

Explicó que, con este nuevo esquema, las empresas podrán ser objeto de sanciones económicas e incluso de inhabilitación cuando se determine responsabilidad penal.

En ese sentido, recomendó a las organizaciones implementar programas de cumplimiento (compliance), códigos de ética y protocolos internos que permitan prevenir riesgos legales y proteger tanto sus operaciones como sus activos materiales e intangibles.

Según el jurista, este cambio representa un nuevo reto para el sector empresarial dominicano, que deberá adaptar sus procesos internos al nuevo marco legal para reducir la exposición a posibles responsabilidades penales.