SANTO DOMINGO.– La Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM) manifestó su preocupación por el creciente traslado de personas arrestadas a las salas de emergencias de los hospitales con el objetivo de obtener certificaciones médicas de "No lesiones" o "No tiene ninguna enfermedad", una práctica que, según la entidad, contribuye al congestionamiento de estos servicios y afecta la atención de pacientes con condiciones críticas.
En un comunicado, la organización explicó que las salas de emergencias fueron creadas para atender enfermedades y lesiones agudas, clasificadas mediante sistemas internacionales de triaje según la gravedad de cada paciente.
"La persona aparentemente sana, llevada únicamente para certificar su estado físico, no constituye una emergencia médica", señaló la entidad.
SODOEM indicó que diariamente llegan a hospitales grupos de entre cinco y quince personas privadas de libertad para ser evaluadas antes de ser trasladadas a destacamentos policiales, ocupando espacio, recursos y tiempo del personal médico en servicios que ya enfrentan altos niveles de saturación.
Riesgos para pacientes y médicos
La sociedad médica recordó que un diagnóstico no puede emitirse mediante una observación rápida ni bajo presión.
Explicó que para determinar que una persona se encuentra sana es necesario realizar una historia clínica completa, un examen físico detallado y, cuando sea necesario, estudios complementarios.
Advirtió que emitir diagnósticos apresurados puede representar un riesgo para el paciente y generar responsabilidades legales y éticas para el médico.
Asimismo, denunció que en numerosas ocasiones los especialistas en emergencias reciben presiones por parte del personal encargado de custodiar a los detenidos para emitir certificaciones con rapidez, incluso solicitando interrumpir la atención de pacientes con verdaderas urgencias.
"El médico de emergencias no puede ser colocado en la disyuntiva de abandonar un infarto, un accidente cerebrovascular, un politraumatizado o un niño críticamente enfermo para emitir una certificación de una persona que no presenta una condición urgente. Esa situación es incompatible con una atención segura y de calidad", sostuvo.
Propuesta de solución
La entidad afirmó que toda persona arrestada tiene derecho a recibir una evaluación médica antes de ingresar a un centro de detención, pero consideró que estas valoraciones deben realizarse en unidades especialmente habilitadas para ese propósito.
Como alternativa, propuso la creación de Consultorios de Evaluación Médica para Personas Bajo Custodia, ubicados en destacamentos policiales o centros de retención, donde puedan realizarse historias clínicas completas, exámenes físicos con privacidad, documentación de lesiones preexistentes e identificación de enfermedades que requieran tratamiento o referimiento hospitalario.
Según SODOEM, este modelo permitiría proteger los derechos de las personas detenidas sin continuar utilizando de forma inadecuada las salas de emergencias.
Llamado a las autoridades
La organización exhortó al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud (SNS), a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las instituciones competentes a establecer un protocolo nacional para la evaluación médica de personas privadas de libertad.
También reiteró su disposición de colaborar en la elaboración de una solución técnica que garantice tanto la protección de los derechos humanos como la seguridad de los pacientes y del personal médico.
"Cada minuto que un médico de emergencias dedica a una evaluación administrativa es un minuto que deja de atender a un paciente cuya vida puede depender de una intervención inmediata. Defender las emergencias es defender la vida", concluyó la entidad.
